El Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) ha detectado que el 77,03% de los supuestos menas a los que se les han practicado pruebas de determinación de edad desde octubre de 2019 eran en realidad mayores de edad. Los datos, correspondientes a casi siete años de actividad, proceden del propio organismo forense, dependiente del Gobierno de Aragón, y afectan a 222 jóvenes extranjeros examinados.
La cifra alimenta el debate sobre el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados y sobre el coste que asumen las administraciones públicas cuando personas que se presentan como menores terminan resultando adultas tras las pruebas médicas. De los 222 casos analizados por el IMLA, 171 dieron como resultado una mayoría de edad, frente a 51 en los que sí se confirmó que los jóvenes eran menores.
El Gobierno aragonés ha facilitado también el balance completo de intentos de valoración. Desde octubre de 2019, el IMLA ha citado a 264 inmigrantes para realizarles las pruebas. De ese total, siete citas estaban duplicadas, 36 extranjeros no acudieron a la valoración forense y cinco casos quedaron sin poder resolverse porque los afectados no se dejaron examinar o no entendieron el procedimiento. Otros dos informes seguían pendientes de conclusión.
El Ejecutivo autonómico ha defendido en los últimos meses la necesidad de reforzar este tipo de controles. Tras el reciente pacto entre PP y VOX en Aragón, el Gobierno regional se ha comprometido a aumentar los recursos destinados al IMLA y a impulsar más pruebas de edad cuando existan dudas sobre los jóvenes tutelados por los servicios públicos.
La cuestión ha vuelto al primer plano después de que Aragón haya presentado la primera sentencia favorable en relación con el reparto de menas impuesto por el Gobierno central. En ese contexto, el Ejecutivo autonómico sostiene que es imprescindible verificar con rigor la edad de quienes entran en el sistema de protección.
Desde la nueva estructura del Ejecutivo aragonés, esta competencia se encuadra en la vicepresidencia de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigida por Alejandro Nolasco (VOX). El área ha situado la comprobación de edad como una de sus prioridades dentro de la política de atención a menas.
Las pruebas se realizan en varias fases y no siempre es necesario completar todo el proceso. La primera valoración incluye un estudio radiológico del carpo, junto a una exploración física y odontológica. Si ese análisis resulta suficiente para determinar la edad, el procedimiento puede cerrarse en ese punto.
