En los años 80 del pasado siglo se produjo un fértil debate académico en el mundo del Derecho acerca de la conveniencia de mejorar el Código Penal en lo que se refiere a la protección de la libertad sexual de las personas. De todas las personas. Promovido desde el poder político, este debate de catedráticos, penalistas y filósofos del Derecho concluyó después de años de estudio, discusión y enmiendas con un avance significativo y constitucional sin mácula agravando las penas, pero sin llegar a disparates como equiparar el reproche penal del delito de agresión sexual —la antigua violación— del de los delitos contra la vida de las personas.
Hoy, en la mejor expresión de que los tiempos han cambiado, el poder político ya no promueve debates. Ni libres, ni condicionados. Ninguno. Desde la llegada del hoy empleado del castrochavismo Rodríguez Zapatero al poder por atentado interpuesto, la voluntad del poder ejecutivo y sus alianzas parlamentarias antiespañolas bastan e incluso sobran. Tampoco han ayudado ciertas oposiciones tibias y transversales que heredan con cierto alivio las agendas sociales que el socialismo va arrojando detrás de sí. Pero esa es otra cuestión.
Los debates que se han hurtado al mundo académico y a la sociedad civil desde 2004, con un pequeño e inútil paréntesis, no son menores, sino de una extraordinaria importancia porque tocan los principios esenciales de la personalidad de España, de su ethos. No sabemos si Alfonso Guerra se refería a esta desconstrucción nacional cuando tras la primera llegada al poder del PSOE aseguró que «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió», pero la verdad es que hoy nos cabe hasta la legítima duda de si España tiene madre.
Las leyes positivistas de la moribunda fe socialista han girado en torno a evocaciones delirantes de una supuesta justicia antropológica y han dinamitado pilares fundamentales como la educación, familia e infancia, y los principios constitucionales de igualdad, libertad y justicia, que hoy son caricaturas de lo que deberían ser.
En su descenso positivista a los infiernos, el socialismo rampante, con la importante aportación de una (otra) ideología criminal que debería ser desterrada como es el comunismo, impone a los españoles —insistimos, sin debate alguno— la condición de una masa acrítica que incluye la amenaza de ilegalización para el disidente que tenga el descaro de pensar, y comunicar, que la Historia no es la que no están exigiendo que sea.
En los últimos meses, sobre todo después de la derrota electoral de la izquierda en Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado de manera súbita su deriva totalitaria en previsión de una derrota futura. La penúltima aportación a la desconstrucción de España es un anteproyecto de ley que se dice de garantía integral de la libertad sexual cuya exposición de motivos es la prueba perfecta de que no ha sido debatida en el mundo académico y, más aún, ningún profesional serio del Derecho ha participado en su redacción. Y no hablamos de la violación del derecho a la presunción de inocencia ni de la inversión de la carga de la prueba, ni su profundísima inconstitucionalidad, por desgracia ya presentes en otras normativas en vigor, sino a que los motivos de esta ley feminista malparida por la ministra Montero sólo se refiere a la protección de los derechos de «mujeres, niñas y niños». ¿Y los hombres? Si no están (alrededor del 15 por ciento de las víctimas de delitos contra la liberta sexual son varones), no es un olvido incompetente. Ojalá. Es mucho peor.
