Hay pocos crímenes más execrables que atentar contra la libertad sexual de las personas, no digamos ya cuando son menores. Execrable, aunque haya algún erudito a la violeta que piense otra cosa, significa que merece ser criticado y condenado con severidad y, añadimos para más claridad, sin que la compasión alcance al delincuente.
Por eso, la sola idea de que un reo de este delito pueda beneficiarse de una rebaja de la pena a la que fue sentenciado en un juicio justo, causa un enorme desasosiego a cualquier persona de bien. Que esa rebaja sea la consecuencia directa de la incompetencia sectaria de una ministra de un Gobierno que despreció cada uno de los informes que avisaron de que tamaña injusticia iba a producirse si se aprobaba una ley mal parida, supone una ofensa intolerable a cada una de las víctimas de esos delitos depravados y al conjunto de la sociedad española que, en lo que se refiere a estos crímenes execrables, es incapaz —y hace bien— de seguir el consejo de Concepción Arenal de odiar el delito y compadecer al delincuente.
Por todo lo anterior, es por lo que debemos ser inmisericordes con la ministra Irene Montero, responsable de la redacción de una pésima ley. Odia el delito y no compadezcas a la ministra. Al margen de lo que pensemos de la ideología comunista de la señora Montero y de nuestra ambición confesa de volverla a ver en la caja de una tienda de electrodomésticos, este editorial lo escribiríamos igual, palabra de honor (cualidad moral de la que carece este Gobierno), de cualquier ministro de este o de otro Ejecutivo que hubiera demostrado una incompetencia tan abrumadora como sectaria y, además, dañina.
No han sido pocas las veces que advertimos en La Gaceta de la Iberosfera de lo que iba a ocurrir con esta y con otras leyes ideológicas surgidas de un Ministerio de Igualdad, en concurso con el Ministerio de Justicia, previa deliberación en el Consejo de Ministros, con el visto bueno de la Presidencia del Gobierno y con la aprobación de la mayoría del Congreso (responsables, todos), que fue creado para todo lo contrario de lo que dice su nombre. Pero una cosa es que traguemos con la mentira, algo a lo que los españoles ya estamos habituados, y otra bien distinta que asumamos las injustas y detestables consecuencias de una ley redactada por una pandilla de ignaras feministas de tercera ola que usan el dinero de nuestros impuestos para fines perversos en concurso medial con su demostrada incompetencia, sectarismo y estupidez.
Si Pedro Sánchez no fuera solo el presidente de la mayor parte del Gobierno, sino que lo fuera en su totalidad, hace horas, desde que el primer delincuente sexual consiguió una rebaja de su pena, que Irene Montero habría cesado en su cargo. Por el daño evidente que su pésima ley ha causado y por inútil. Aunque, bien mirado, sería hasta cómico que Sánchez despidiera a alguien por su inutilidad.
