La detención en la isla italiana de Cerdeña del ex presidente de la Generalidad catalana, Carles Puigdemont, es una buena noticia para España y para Europa. Para nuestra nación, porque tras la lamentable sentencia que condenó a los golpistas por un delito menor a la rebelión como es la sedición, y tras la vergüenza que supuso el indulto ilegítimo a los sediciosos que no han mostrado jamás arrepentimiento alguno —y que lo volverán a hacer—, la Justicia como primera línea de defensa civil de la unidad de España, unidad que da sentido a todo, había quedado en entredicho.
Para Europa, porque la detención de Puigdemont es la última —aunque remota— oportunidad de demostrar que la Unión Europea es algo más que un club de burócratas al servicio del Eje socialdemócrata. Un Eje preocupadísimo con la rebeldía de las naciones del Grupo de Visegrado ante las imposiciones ideológicas de Bruselas y poco, o nada, con la fractura nacional de uno de los más grandes países de Europa como es España.
Todos recordamos que la primera detención de Carles Puigdemont, en Alemania, se saldó con la humillante decisión de un organismo judicial de segunda como el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein de negarle al Tribunal Supremo de una nación constitucionalmente liberal, garantista y europea como todavía es España la entrega del prófugo a menos que sólo se le juzgara por malversación.
Todos recordamos, y la residencia de Puigdemont en Waterloo es una prueba dolorosa, la vergonzosa actuación de los tribunales de justicia belga junto a la no menos pusilánime inacción del Estado belga, siempre melifluo con los movimientos separatistas que anidan en su corazón averiado y que algún día provocarán su propia fractura y su condena a la irrelevancia histórica.
Todos recordamos el absurdo garantista de permitir que un prófugo de la Justicia de un socio europeo recogiera el acta de eurodiputado, y todos recordaremos la absurda división en la cámara a la hora de aprobar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y a sus conmilitones Ponsatí y Comín, por hechos delictivos (sin el presunto) ocurridos antes de que fueran eurodiputados.
Con estos antecedentes, mucho nos tememos que la Justicia italiana, que no tiene un delito en su ordenamiento semejante al de la sedición, elevará una consulta al Tribunal General de la UE y este al Tribunal de Justicia de la UE que todavía no ha despejado (la Justicia no sólo es lenta en España), la cuestión elevada por el juez Llarena sobre la interpretación belga de la directiva de euroórdenes. En ese laberinto, lo previsible es que alguna escapatoria ‘europea’ encuentre el prófugo que escapó de España escondido en un maletero, ligero de equipaje, con apenas una maleta de cobardía.
Si eso ocurre, si esta ultima oportunidad es desaprovechada, Europa demostrará su ceguera. Y no hay peor ciego que una Europa que reclama, por ejemplo, el diálogo con los talibanes y que es incapaz de defender a una nación que se niega a morir como la española.
