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10 de mayo de 2022

Robles, leal a Sánchez, desleal a España

La ministra socialista de Defensa, Margarita Robles (EP)

Hace unos días recordamos en estas páginas la misiones esenciales, legales y necesarias del Centro Nacional de Inteligencia. Volvamos a hacerlo, por si acaso alguien estaba distraído con pasillos futboleros, con los líos sociopolíticos de Sálvame o llorando encima de la factura de la luz ecosostenible e inclusiva de su negocio. La principal misión del CNI es, según la ley 11/2002 que lo regula, la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones.

Es decir, en un mundo complejo, en una España con tensiones internas evidentes y al frente de la Frontera Sur de la Unión Europea, el CNI, que depende del Ministerio de Defensa, debe espiar tanto a otras potencias extranjeras que puedan suponer una amenaza para nuestros intereses —se nos ocurren unos cuantos intereses y un buen numero de países— como a los enemigos internos de los que tenemos la certeza constatada de que suponen un riesgo para la integridad de España.

Es más que evidente que lanzar agentes del CNI en el Sahel y en el Rif, por poner dos ejemplos, es de importancia capital para que el Gobierno, el que sea, tenga la información suficiente para tomar decisiones en defensa de los intereses de España. Si es que las quiere tomar, que esa es otra historia y parece que, en la actualidad, las decisiones son en defensa… de la rendición de España.

También es más que evidente que deben ser espiadas las formaciones políticas que con su trabajo constante desafían a la integridad de España, cimiento indispensable del edificio nacional, sin la cual nada tiene sentido. Espiar a los separatistas catalanes y al mundo mal llamado abertzale (patriota) vasco es una obligación esencial del Estado y, por supuesto, debe contar con la supervisión judicial que garantice la legalidad del espionaje.

Todo esto es lo que, con precisión, ha ocurrido en el caso del posible espionaje a políticos separatistas y golpistas catalanes que lo volverán a hacer con el programa israelí Pegasus, cuya licencia de uso en principio sólo permite a los Estados democráticos el acceso esa herramienta informática. En principio, insistimos. Todo ha sido, insistimos, de acuerdo a la ley, bajo control judicial y en defensa de la integridad de España.

El Consejo de Ministros, en agradecimiento de la misión cumplida por parte del CNI, ha decidido el cese inmediato de la directora de la Inteligencia española, Paz Esteban, para satisfacer así las demandas de sus socios parlamentarios, que no son otros que los partidos que desean la destrucción de España y que, por lo tanto, han sido y deben seguir siendo espiados. Esto se lo explicas a un español corriente y no lo entiende. Porque es incomprensible.

Hoy, el presidente Sánchez y sus ministros comunistas y socialistas —incluida ese culmen de la deslealtad con sus subordinados que es la ministra de Defensa, Margarita Robles—, han debilitado al Estado accediendo a las presiones de los golpistas catalanes y los recogenueces separatistas. De cara al exterior, y al borde de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid, esta cesión coloca a nuestra nación al borde del republicanismo bananero que es capaz de debilitar a sus servicios de Inteligencia para salvar el apoyo parlamentario que les permite desgobernar España.

La próxima directora del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, ya sabe lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el líder al que es leal, Pedro Sánchez, esperan de ella y de los 3.000 agentes del Centro Nacional de Inteligencia: que no cumplan con su misión.

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