Antes de lanzarnos a disfrutar de la victoria momentánea que el Estado de Derecho consiguió ayer frente al totalitarismo en el pleno del Tribunal Constitucional, conviene contener la alegría y reflexionar con la seriedad que exige la gravedad del momento que vive España.
Durante los últimos años, en este periódico hemos dedicado cientos de informaciones y decenas de editoriales a prevenir sobre el riesgo evidente de que el Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por una mayoría parlamentaria destructiva, optara por la solución positivista de forzar desde el Legislativo un enfrentamiento con la Justicia para desacreditarla como enemiga de la soberanía popular. Soberanía que, por cierto, no existe para nuestro ordenamiento jurídico. Es la soberanía nacional. El que la adjetive como popular, ese es el traidor.
Alertamos de lo que iba a ocurrir no por ciencia infusa, sino porque conocemos al dedillo el manual de instrucciones del bolivarianismo que hoy, después de una gira triunfal por la Iberosfera, se sienta en el Consejo de Ministros y en los escaños del Congreso. Así, en concreto, es como Hugo Chávez Frías (q.e.p.n.d), transformó Venezuela en una dictadura, asaltando el Poder Judicial en 2002 con un golpe institucional en el que rebajó la elección de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde los tres quintos a la mayoría simple. Maldita y bendita hemeroteca.
Ese modelo de éxito de transición de la democracia liberal a la democracia iliberal como antecesora de la tiranía fue copiado de inmediato por todos los Gobiernos que fueron cayendo en manos del Foro de Sao Paulo. En todos, sin dejar uno, el Socialismo del siglo XXI asaltó la independencia del Poder Judicial. Que el criminal Lula da Silva vuelva a ser el presidente electo de Brasil o que la ex presidente provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, padezca una injusta prisión, son dos ejemplos perfectos de cómo el socialcomunismo ha logrado destruir el sistema de contrapesos que requiere la supervivencia del Estado de Derecho. En todos los casos, además, contó con la complicidad de determinados jueces y magistrados que por ambición, codicia o miedo, apoyaron el asalto.
Todo esto, como decimos, es simple hemeroteca… de los medios que en su inmensa mayoría fueron destruidos, cancelados o prohibidos por los gobiernos bolivarianos en el asalto a la libertad de información y de opinión que siempre subsigue al asalto al Poder Judicial y que precede al control de los tribunales electorales y a la ilegalización de la oposición política real.
España vive hoy el primer capítulo de ese plan. Que de los once magistrados del Constitucional, sólo una exigua mayoría de seis haya conseguido frenar el asalto, nos coloca en una situación de incertidumbre ante el futuro inmediato. No hay catedrático de Derecho Constitucional apartidista al que no hayamos leído denunciar la forma elegida por el Parlamento para colar el asalto. Una forma no sólo inconstitucional de la mayoría frankenstein, sino anticonstitucional, que es una categoría inferior que nos conecta con las repúblicas bananeras. Y si la práctica unanimidad de los expertos constitucionalistas así lo ha denunciado, que una poderosa minoría de cinco magistrados haya votado a favor de algo tan anticonstitucional —jurisprudencia manda—, nos debe inquietar en extremo.
Esta victoria pírrica daña al Tribunal Constitucional, sin duda. Los altavoces mediáticos del Gobierno, los que han insistido como papagayos amaestrados en la caducidad de determinados magistrados, perseverarán en su estrategia de formar una verdad popular, como esa falaz soberanía, contraria a la realidad. Los lamentables mensajes institucionales nocturnos de los presidentes del Congreso y del Senado, en los que acatan a regañadientes la decisión del TC entre fingidos llantos democráticos, son parte de la estrategia de creación de ese estado de ánimo que convertirá en víctimas a los sicarios del autócrata.
No nos engañemos. En medio de una tremenda crisis económica y social, en una sociedad empobrecida, fracturada y con un Gobierno dispuesto a todo por mantenerse en el poder, no es fácil formar una opinión pública que entienda todo el daño inflingido a la separación de poderes, sobre todo cuando, por desgracia, fue el propio Partido Popular el que, cuando gobernó con una mayoría absoluta que jamás volverá a tener, se negó a cumplir con su promesa de devolver la independencia a la Justicia que le fue arrebatada en tiempos de Felipe González. De aquellos polvos, este lodazal.
Pese a ello, y por todo lo anterior y por lo que está por venir, es necesaria una acción conjunta de las fuerzas de oposición en forma de moción de censura, como propone Vox, para que desde la sede de la soberanía nacional, que no popular, se informe a los españoles sin censuras mediáticas de la intentona de golpe institucional de este Gobierno y de los partidos que lo apoyan. Una moción que se podrá perder, pero que abrirá los ojos a Europa y a muchos españoles que bastante tienen con lidiar cada día con la crisis económica monumental que Sánchez y sus ministros han agudizado con su incompetencia.
Los españoles no sólo necesitamos votar, que desde luego y con urgencia, sino antes de eso tener la absoluta seguridad de que hay unos partidos constitucionalistas que conocen la Historia, que han aprendido de los errores propios o ajenos, y que se comprometen a defender la nación española con leyes constitucionales desacomplejadas que corrijan todo lo que está mal en España. Que es, en concreto, todo lo que ha permitido que Pedro Sánchez, como si fuera un sedicioso catalán, lo haya intentado y lo que permitirá que lo vuelva a hacer.
