En España se sigue imponiendo la cultura de la muerte propagada por un Gobierno que busca destruir la familia. Se elaboran leyes y se anulan protocolos para ocultar toda la información a la madre e instarla a acabar con la vida de su hijo.
En 2023 se practicaron un total de 103.097 abortos (casi el 25% de los embarazos), 4.781 más que en 2022, lo que representa un aumento del 4,8% en un año y del 8,7% con respecto a 2014, cuando se registraron 94.796 abortos. Abortaron 12,22 madres por cada 1.000.
Cataluña, hoy sumida en el caos relativista, presentó la tasa más elevada (con 14,92 por cada 1.000), seguida de cerca por la Comunidad de Madrid, región gobernada por el PP, un partido que reconoce el aborto como «derecho» y que defiende la ley de la muerte de los Santos Inocentes del siglo XXI.
Aunque la esperanza se abra en algunas naciones (Hungría, Estados Unidos…) y tengamos la certeza de que la Verdad vencerá, España vive hoy en una sociedad desquiciada que ha normalizado que se trunque vidas en el seno materno y que mantiene las inercias —impuestas por ese «consenso» que llama «avance» y «derecho» a la barbarie— que nos conducen al abismo. La reacción es urgente. Están en peligro las vidas de más de 100.000 inocentes cada año.
