Sí. Abuchear, silbar e insultar al presidente del Gobierno durante un acto institucional de la solemnidad del desfile militar del Día de la Hispanidad, está mal. Que un presidente del Gobierno, uno cualquiera, como este, sea escarnecido delante de Su Majestad el Rey, de la Princesa heredera, del Cuerpo Diplomático y de los jefes del Estado Mayor, es malo para el interés general de la nación, malo para el orden político y malo para la paz social. Otra cosa sería que un presidente, uno cualquiera, y sobre todo este, fuera abucheado mientras visita un hospital en el que hayan muerto miles de españoles com consecuencia de una pandemia de la que, según el Gobierno que él preside, sólo tendríamos uno o dos casos como máximo. Ahí, sin duda, la libertad de expresión gozaría de un amplio respaldo del Derecho objetivo.
Pero estamos a setas y no a rólex, así que volvamos al hecho incontrovertible de que el legislador, previendo la necesidad de proteger la dignidad y el honor de las más altas autoridades del Estado y así preservar el interés público, dispuso en el artículo 504 del Código Penal que «los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma», sean reos de pena de multa de 12 a 18 meses.
No hay duda de que todos y cada uno de los españoles que insultaron al presidente del Gobierno el pasado martes durante la celebración pública de la Fiesta Nacional, podrían ser investigados por un tribunal por lesionar la dignidad de Pedro Sánchez. Que su honor haya quedado lesionado sería más discutible por su cualidad moral.
Sin embargo, nos atrevemos a predecir que ninguno de los españoles que injuriaron de palabra al presidente comparecerá ante un juez a petición del Ministerio Fiscal que podría actuar de oficio en estos casos. Y nuestra seguridad, en la que apostaríamos todo nuestro exiguo y amenazado patrimonio, se basa en las exención de responsabilidad penal que el propio artículo 504 del CP reserva —remitiéndose al artículo 210—, para todo aquel que pueda probar la verdad de sus imputaciones cuando se dirijan contra un funcionario público —y el presidente lo es—, por hechos concernientes al ejercicio de su cargo.
Bastaría con exigir las actas de los ficticios comités de expertos que asesoraron al Gobierno sobre las medidas a tomar cuando se conoció (en enero de 2020 y no el 9 de marzo, según deslizó/tropezó Fernando Simón hace poco en una conferencia en Baleares) el avance del covid-19 que China exportó al mundo. Bastaría con entregar las cifras reales de muertos, más de 120.000, reunidas por los servicios funerarios. Bastaría con reclamar las actas —inexistentes— del comité de expertos de la desescalada que nos sometió a una segunda y tercera olas mortíferas. Bastaría con enseñar los recursos ganados por los servicios jurídicos de VOX en el Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de los estados de alarma y el cerrojazo del Parlamento. Bastaría, sin duda, con entregar al juez, con ruego de su visionado, las grabaciones en las que el candidato Sánchez negó hasta setenta veces siete que fuera a pactar con golpistas, separatistas, proetarras y comunistas. Bastaría, al fin, con enseñar una foto, que las hay, del presidente en el momento de honrar la bandera de una región mientras acepta que se esconda la enseña nacional.
Sánchez, para su desgracia, pero sobre todo para la nuestra, se merece todos los abucheos y hasta los insultos porque no son consecuencia de la contienda partidista, que entonces nos tendría junto a él, sino de los gravísimos actos cometidos en el ejercicio de su cargo. Actos muchos de ellos que cualquiera, menos la Fiscalía General del Estado, puede presumir delictivos. Que la mayoría de las veces lo estético no sea ético no significa que no haya excepciones. Esta, lo es.
Por todo lo anterior es por lo que no alcanzamos a comprender las palabras del histórico socialista Alfonso Guerra cuando ayer dijo con esa guasa que le caracteriza: «Hay quien abuchea a un presidente y aplaude a una cabra. Cada uno elige quién le representa mejor». Y no las comprendemos no porque seamos cortos de entendederas, que para entender a Guerra no hay que ser físico nuclear, sino por la injusticia de comparar a Pedro Sánchez con una cabra.
Injusticia, se entiende, para el pobre animal.
Por si quedaba alguna duda, cuando hablamos de pobre animal nos referimos a la cabra.
