Si alguna vez lo tuvimos, resulta imposible conservar el más mínimo respeto por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Dicho lo cual, también resulta imposible no sentir una minúscula conmiseración por ella al verla ayer abandonar su escaño en el banco azul del Congreso y salir derrotada, morada y humillada del hemiciclo tras la aprobación, tarde y mal, de la reforma de la Ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la ley del sólo sí es sí.
La conmiseración, ese sentimiento de pena por el sufrimiento de alguien, no tiene que ver con su merecida humillación, sino con la injusticia que supone que sólo la ministra Montero sea la humillada.
El Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Eso quiere decir que sus decisiones se toman por consenso de la voluntad de todos sus miembros. En esta estructura horizontal, bien definida en la Ley de régimen jurídico del sector público, la ministra Montero es indistinguible del resto de los ministros en la responsabilidad de una mala decisión. Así, la Ley del sólo sí es sí no es, al final, de la señora Montero, sino de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, incluido, por supuesto, del primero de ellos, que es el presidente Sánchez.
Por lo tanto, ante las nefastas consecuencias de una mala ley aprobada en deliberación secreta y por consenso de todo el Gobierno, lo único coherente hubiera sido que Sánchez hubiera buscado el mismo consenso de los dos partidos que forman la coalición del Gobierno para la reforma de la Ley. De no encontrar ese consenso, la obligación del presidente era la de cesar a cualquier ministro del ala inepto-comunista, incluida la vicepresidenta Díaz, que se opusiera a la rectificación de una pésima ley aprobada por un órgano colegiado.
Aquí entra la responsabilidad del principal partido de la Oposición, el Partido Popular. Los de Feijoo podrían y deberían haber obligado al Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez a reformar de la misma manera colegiada la ley, o bien haber exigido su derogación inmediata y la vuelta a la adecuada ley anterior.
Por desgracia, el Partido Popular eligió ayer de nuevo el camino del gesto amable y la concertación que no merece el socialismo. No sólo el actual. Con la excusa de acabar —en un tiempo todavía indeterminado— con las pésimas consecuencias de una ley que favorece a los criminales, el PP ha aprobado una reforma que sólo toca ciertas condenas, pero que deja inalterable el espíritu e incluso la letra de una ley positivista que vulnera la presunción de inocencia, altera la carga de la prueba, establece la irrealidad como fuente del Derecho y adoctrina a la sociedad en una ideología feminista destructiva y frentista.
Todo, por salvar al bipartidismo en periodo electoral, que eso es lo que debían de aplaudir puestos en pie sus señorías del Grupo Popular. Porque no puede ser otra cosa.
