El modelo autonómico nació en la transición a la democracia para contentar a unas regiones con características especiales —entre ellas, la deslealtad— y algún derecho histórico anacrónico con desprecio de la igualdad de todos los españoles. Lo que entonces parecía una brillante idea de la ponencia constitucional para cerrar un supuesto problema territorial, se convirtió pronto en un profundo problema porque el legislador no cumplió con su deber de convertir al Senado en una verdadera cámara de administración territorial y dio entrada —y fuerza— en el Congreso a minorías regionales que no deberían estar en la sede de la soberanía nacional. Que lo es, soberanía, porque es nacional.
Es cierto que por aquel entonces, hubo voces que alertaron, con una clarividencia formidable, de que aquel error podría tener unas consecuencias nefastas en el futuro. Pero el entusiasmo comprensible de los españoles por cerrar las heridas y caminar, el Rey el primero, por la senda constitucional de una monarquía parlamentaria, tapó las advertencias.
También es verdad que las primeras mayorías absolutas, el café autonómico para todos y el desarrollo de los estatutos aplazaron la aparición de las previsibles y pésimas consecuencias de permitir que partidos que no miran por España sino por intereses pequeños secuestraran la soberanía nacional.
El aplazamiento duró poco. Por desgracia. Cualquier español con al menos un resto de memoria y una mínima conciencia de la imprescindible defensa de la nación española tiene el recuerdo claro de cómo y cuándp las minorías —insistimos, minorías— vasca y catalana comenzaron a usar sus votos desiguales para chantajear a las formaciones del bipartidismo. En un cuentagotas que pronto se convirtió en chorro, esas minorías consiguieron unos enormes privilegios en forma de inversiones, cesiones y fondos de liquidez que han acentuado la desigualdad de los españoles de las distintas regiones.
Pero con ser eso malo, no ha sido lo peor. En ese proceso, las minorías chantajistas lograron —y sigue logrando, ahí tienen al monstruo de Sanchezstein— que el bipartidismo aceptara mirar para otro lado mientras desarrollaban su proyecto antiespañol en todos los frentes, en especial en el educativo cuyos frutos vemos ahora. Nadie ignora que el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 en Cataluña sólo fue la culminación de esa dejación del bipartidismo a la hora de defender la nación española y los principios constitucionales que sólo tienen sentido si hay nación.
Al calor de aquella deslealtad consentida, amparada y hasta protegida por el Partido Socialista y el Partido Popular, y ante los magníficos réditos políticos que producía ese chantaje continuado, nacieron otras formaciones llamadas regionalistas que con la misma deslealtad buscan aprovechar la debilidad de nuestro sistema electoral para alcanzar el Congreso de los Diputados y participar de los frutos del secuestro de la soberanía nacional.
Nadie, repetimos, nadie, con inclinación por el rigor histórico puede negar ni un solo punto de lo escrito hasta ahora. Es la verdad. Y la verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su editorialista.
Ls falta de transparencia de la democracia española nos impide en la mayoría de las ocasiones conocer el alcance del chantaje. Muchas veces sólo vemos los indicios en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado que privilegian a determinadas autonomías frente a otras, en la inacción a la hora de cumplir y hacer cumplir las sentencias judiciales contrarias al adoctrinamiento en las aulas o en la legalización de partidos herederos del terrorismo. Pero ayer, en el Congreso, tuvimos una evidencia absoluta de cómo estas minorías negocian, que diría el PNV, la formación que ha hecho del chantaje y de la recogida de nueces una razón de vivir.
No sabemos qué consiguieron ayer los partidos canarios, el partit del golpista fugado Puigdemont, el regionalismo cántabro o esa insensatez que es Teruel Existe, cuando entregaron sus votos para aprobar una reforma laboral que sólo busca maquillar de cara a Europa la penosa realidad de la precariedad de nuestro mercado laboral. Pero sí que sabemos que Unión del Pueblo Navarro, en otros tiempos —y en tantas veces en estos— la marca del PP en Navarra, ordenó a sus dos diputados en el Congreso que votaran a favor de la convalidación de la reforma laboral del Gobierno socialcomunista. Una orden subsiguiente a la negociación para que los socialistas navarros retiraran su alianza con los proetarras de Bildu para asaltar la alcaldía de Pamplona y para garantizarse la suma de 30 monedas de plata en forma de 27 millones de euros de los Fondos Europeos que va repartiendo el Gobierno según quién sea.
Solo la dignidad de los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, impidió el esperpento de ver cómo los navarristas aceptaban el desastre político que hubiera sido venderse por una alcaldía y votar a favor de una mala reforma laboral y apoyar así a quien, como Sánchez, pacta con los herederos directos de los que asesinaron con vileza y cobardía al concejal de UPN en Pamplona, José Javier Múgica, y acribillaron a balazos al edil del partido en la localidad de Leiza, Tomás Cabellero.
El estado autonómico y un sistema electoral que no quiso prever esta miríada de partiditos al servicio de oligarquías vascas, caciques catalanes corruptos del 3 por ciento y otros hiperrregonalismos chantajistas, son, en resumen, los culpables de que el Congreso se haya convertido en un mercado persa. Y como culpables que son, deben ser corregidos. Este es el diagnóstico correcto que por desgracia no comparten las fuerzas del bipartidismo que chapotean felices en sus turnos de poder en la cochiquera parlamentaria. Por la inutilidad de unos y por el desprecio a la legalidad de los de siempre —¿qué distingue a Meritxell Batet de la expresidente del Parlamento catalán Carmen Forcadell?— los españoles vivimos ayer un bochorno bolivariano.
Hay dos noticias. Una buena y otra mala. La buena es que hay millones de españoles, y cada día más, que ya están hartos y que, por lo menos, tienen a un partido como VOX que comparte su hartazgo. La mala noticia es que sólo hay un partido que quiere cambiar las cosas. A mejor, claro. A peor hay muchos.
Es urgente, pero no será fácil. No será rápido. Toca trabajar duro por España y por la recuperación del prestigio perdido de nuestras instituciones sin las cuales somos poco más que una república coronada bananera. Pero, al menos, hay una esperanza de que los españoles reaccionen y expulsen a los mercaderes, incluido algún inútil fontanero genovés, fuera del templo de la soberanía nacional.
