Decíamos anteayer que la vigente Constitución española contiene descuidos y errores que ojalá algún día, cuando se den las condiciones necesarias, puedan ser corregidos. Hoy sabemos bien, y cada día un poco mejor, que uno de estos errores es que nuestro ordenamiento jurídico no previó la posibilidad de que el Gobierno pudiera actuar en contra de la indisoluble unidad de la nación española, que es el fundamento, el único fundamento, de la Constitución. O lo que es lo mismo, los padres de la Carta Magna, las Cortes que la aprobaron y los españoles que la ratificaron, no pensaron que pudiera haber traidores entre nosotros. Grave equivocación.
Todo se concibió en torno a la posibilidad de que hubiera, y vaya si los hay, sediciosos, rebeldes y golpistas, pero se desechó la traición, el trabajo interno (el inside job que dicen con mayor precisión los angloparlantes).
Una de las pruebas irrefutables de este error es que la Constitución otorga al Ejecutivo la propuesta del nombramiento del fiscal general del Estado y establece la dependencia jerárquica en las funciones del Ministerio Fiscal. El presidente Sánchez lo dijo con otras palabras acordes a su talla intelectual: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso».
Para que se entienda la gravedad de este hecho, baste decir que si la fiscal de la nación peruana, Patricia Benavides, que fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos y no por el Gobierno, fuera como el fiscal general del Estado español, jamás habría investigado la trama criminal del ya ex presidente Castillo que motivó su tercera moción de censura y el golpe de Estado de un desesperado y atolondrado socialcomunista acorralado por sus crímenes.
Ejemplo evidente de esta impunidad lo tiene el lector en la orden de la entonces fiscal general del Estado y ex ministra de Sánchez, Dolores Delgado, de inadmitir todas las querellas criminales contra el Gobierno por su gestión de la pandemia («sólo habrá uno o dos casos» y «el machismo mata más que virus») de covid-19. Ninguna otra Fiscalía de nuestro entorno ha impedido que se investiguen los presuntos delitos —homicidio imprudente, prevaricación, malversación y un largo etcétera— que pudieran haber cometido sus Gobiernos en los primeros meses de la pandemia. A mayor abundamiento, el fiscal general del Estado actual, Álvaro García Ortiz, llegó a participar en un mitin del PSOE en Galicia en 2019. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.
A las puertas de la derogación exprés pactada con los enemigos declarados de España del delito de sedición, de la modificación del delito de malversación y de la enmienda que eliminará el requisito de la aprobación por mayoría reforzada para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial que permitirá el asalto de la izquierda al Tribunal Constitucional y a los órganos judiciales que deberían servir de contrapeso y freno de cualquier totalitarismo, los españoles asistimos inermes a la evidencia de que hay traidores entre nosotros que conspiran a toda prisa con los enemigos de la Constitución para alterar la legalidad de manera impropia.
En este proceso acelerado de destrucción de la Nación Política para acabar con la Nación Histórica, lo único que no podemos hacer es desmoralizarnos. En España siempre ha habido traidores y —aquí llega la buena noticia— esto sigue siendo España.
