La constatación de la ONU de que la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez intentó quitarse la vida como consecuencia de las torturas a las que le somete el régimen izquierdista debería hacer reaccionar al conjunto de la comunidad internacional, que debe reclamar a las autoridades bolivianas su liberación inmediata, la retirada de los cargos por motivos políticos que le imputan y el cese de esta intolerable violación de derechos humanos.
La lamentable situación de Áñez -que lleva más de cinco meses injustamente encarcelada- recuerda a la represión impuesta contra la disidencia por parte de las tiranías comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y evidencia la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), y la necesidad urgente de cambios estructurales y de reformas en el sistema judicial con el único fin de garantizar juicios justos y creíbles.
El trato inhumano a Áñez, que no tiene permiso para salir al patio de la prisión, no puede ver la luz del día, y está encerrada en una celda, hace responsable al Gobierno presidido por Luis Arce de la vida y la integridad de la dirigente opositora.
Y debe constituir una alerta sobre el tenebroso camino -ya emprendido con Evo Morales en el poder- que Bolivia ha retomado tras la victoria del MAS en las elecciones del pasado año, un modelo totalitario que cuenta con el respaldo y la financiación del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, organizaciones que buscan -no lo olvidemos- desmantelar la democracia en todos los países de la Iberosfera.
