La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que obliga a restituir en su puesto al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, purgado por el secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, subordinado del ministro Grande-Marlaska, contiene varios elementos objetivos que en un país serio habrían provocado una catarata de dimisiones.
El primer hecho objetivo es que tanto el secretario de Estado de Seguridad como el ministro del Interior que ejecutan el cese del coronel por negarse a llevar a cabo un acto delictivo, abiertamente ilegal y de consecuencias penales como es la revelación de secretos, son dos magistrados españoles. Si reprochable es que un ignaro político como el doctor (?) Sánchez ponga su voluntad por delante de la ley, que lo hagan dos magistrados como Ruiz y Grande Marlasca (como dice el maestro Ussía, vamos a dejarnos de la coña de la ‘k’), devenidos en cargos políticos, ofende a la razón y lo que es más pernicioso, ofende a la Judicatura. Aquí sólo podemos esperar una reacción contundente por parte de las asociaciones de jueces. Veremos.
El segundo hecho objetivo que contiene la sentencia es que Ruiz y Marlasca son dos meros recaderos de Pedro Sánchez, que es quien ordena el cese del coronel Pérez de los Cobos por la investigación de los presuntos delitos cometidos por el delegado del Gobierno en Madrid, el secretario general de los socialistas madrileños, Franco Pardo; y por el coordinador de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, con ocasión de la autorización y promoción de la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, también conocida como «el infestódromo» y que, esto también es un dato objetivo, aceleró la transmisión del coronavirus que ha costado ya la vida de más de cien mil españoles. Ocioso es recordar lo que la izquierda dijo, hizo y exigió cuando por cuestiones sanitarias se sacrificó a un perro llamado Excalibur, y ocioso es recordar la nota que se concede (notable alto) el presidente Sánchez tras la muerte de cien mll de nuestros compatriotas de los que no sabremos jamás sus nombres, muchos de ellos los más vulnerables y a los que debíamos mucho más respeto del que han recibido, que es ninguno, por parte de esta clase política que nos desgobierna.
La confirmación de que el sectario de Estado de Seguridad y el ministro Marlasca son dos pobres recaderos del presidente Sánchez se encuentra en las páginas 58 y 59 de la sentencia del Juzgado Central número 8 de lo Contencioso-Administrativo, en las que se detalla la participación de la directora general de la Guardia Civil, Mária Gámez Gámez, en la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Recoge la sentencia que Gámez rechazó la petición del segundo de Pérez de los Cobos de darle al coronel la posibilidad de defender su actuación antes del cese, asegurando la directora general de la Guardia Civil que la decisión estaba tomada por Moncloa.
Moncloa es Pedro Sánchez. Marlasca y su cinta de correr con sistema de almohadillas power-up de 2.700 euros instalada en su vivienda pagada por todos los españoles en la sede del Ministerio en el Paseo de la Castellana no son Moncloa. Hasta el último de los directores generales de España sabe qué significa la palabra ‘Moncloa’. Si decimos, por ejemplificar, que a Toni Cantó lo ha impuesto ‘Genova’ en las listas del PP en Madrid, todo el mundo sabe quién es ‘Génova’ y hasta dónde puede lanzar un hueso de aceituna.
Si grave es que un abogado —por más político que sea, algo habrá estudiado— como María Gámez Gámez, niegue la posibilidad de defensa a un subordinado intachable como el coronel Pérez de los Cobos, mucho peor es que sea la directora general de la Guardia Civil la que deshonre a un militar bajo su mando temporal; un coronel que, recordemos, se limitó a defender que el trabajo de los guardias civiles de una unidad bajo su mando se realizara dentro de la legalidad.
CONSIDERANDO los hechos objetivos contenidos en la sentencia: el de que Moncloa ordenó el cese de un coronel de la Guardia Civil por negarse a cometer un acto delictivo como es revelar información a sus superiores políticos sobre una investigación reservada por orden de un juez sobre los presuntos delitos cometidos en relación con la pandemia por el secretario general de los socialistas madrileños […] CONSIDERANDO que dos magistrados en excedencia como el secretario de Estado de Seguridad y el Ministro del Interior perdieron la confianza en el coronel por negarse a cometer un delito de revelación de secretos, CONSIDERANDO que tras esta sentencia ahora podemos asegurar que el ministro Marlasca mintió en sede parlamentaria al asegurar que el cese del Pérez de los Cobos era sólo un reajuste de equipos, y CONSIDERANDO que la directora general de la Guardia Civil aceptó participar en la cacería contra uno de sus coroneles a quien debió proteger con su cargo de las desviaciones totalitarias del Gobierno:
FALLAMOS que debemos exigir la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, con expresa petición a los tres de que, tras dimitir, aparte de devolver la cinta de correr, reflexionen hasta reconocer qué mal día fue aquel en el que se convirtieron en todo lo contrario de lo que un día estudiaron y juraron defender.
En cuanto al doctor (?) Sánchez, de un hombre que se pone un ‘notable alto’ por su gestión de un virus que su feminismo panfletario ayudó a esparcir por España y que con la ayuda eficaz de la Fiscalía General del Estado y con la intimidación que se desprende de esta sentencia, impide que se investiguen y se depuren sus responsabilidades penales (por no hablar de las políticas), no esperamos que dimita por haber ordenado el cese ilegal de un intachable coronel de la Guardia Civil que defendió su honor y el de los hombres bajo su mando.
Para eso habría que tener vergüenza.
