No cabe la menor duda de que, como ha anunciado y fijará la sentencia del Tribunal Constitucional, las medidas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, tarde y mal, para frenar la pandemia que él mismo había ayudado a propagar con determinación feminista, fueron adecuadas al momento excepcional en el que vivió la nación y nuestra sanidad desde el 12 de marzo del año pasado. Pero, ahí está la clave, a un momento excepcional —no importa su duración—, corresponde un Estado de Excepción, no de Alarma. Confinar a la población en sus casas, suspender los derechos constitucionales y las libertades de cerca de 45 millones de personas, requiere, qué si no, que el Congreso, la soberanía nacional, avale y someta a permanente y riguroso escrutinio la decisión.
Lo contrario, rebajar el control a un mero trámite quincenal (y luego ni eso), como exige el Estado de Alarma, tiene un nombre. Ese nombre que los demócratas y sólo los demócratas reservamos para Cuba y otros países satélites. Ese nombre que niega Podemos. Ese nombre que no quiere decir el PSOE ni sus socios etarras y separatistas.
Dictadura, el nombre exacto de la cosa.
Hoy, más de año y medio después del comienzo de la pandemia de la que «sólo habrá uno o dos casos» (Fernando Simón dixit) y sobre los restos incinerados de más de 130.000 compatriotas que murieron en la soledad de una UCI o abandonados —que no hay peor forma de soledad— por el Estado en las residencias, el Tribunal Constitucional ha fallado (también tarde, pero no mal), que el Gobierno violó las reglas del Estado de Alarma y sometió a los derechos y a las libertades de los españoles a un Estado de Excepción.
En una democracia seria, en una monarquía parlamentaria en el que la opinión publicada no estuviera sometida a la insoportable presión de la subvención, el abuso ya sentenciado al que ha sometido el Gobierno del presidente Sánchez a la Constitución española llevaría anexo su dimisión irrevocable como reo del delito de haber incumplido su promesa de guardar (de sí mismo) y hacer guardar (a sí mismo) la Carta Magna. No ocurrirá. Lo sabemos. Pero que no ocurra no significa que no deba pedirse. Sánchez, dimisión.
Que nadie se llame a engaño ni esquive su responsabilidad. Esta sentencia, aunque tardía, jamás hubiera sido posible sin la presencia de los 52 diputados de VOX en el Congreso, como jamás hubiera sido posible la investigación de las actividades criminales de los secesionistas catalanes sin el incansable trabajo del equipo jurídico del partido de Santiago Abascal mientras el resto de partidos, sobre todo el que fue partido de Gobierno, miraba al tendido, indolente.
Gracias a VOX, en esta España desquiciada, pandémica, desestructurada e izquierdizada, de vez en cuando todavía suceden prodigios que nos hacen recuperar la confianza en la primacía del Estado de Derecho, en la separación de poderes y en el futuro de España como nación. Todavía, por suerte, queda un pelotón de hombres buenos que usarán todos los resortes legítimos —la acción judicial y el recurso de inconstitucionalidad entre ellos—, para salvar a España de los políticos del consenso socialdemócrata que, con desprecio de los españoles que dejaron atrás, mantienen intacta su vocación de tiranos.
