A pesar de la enorme admiración que tengo por los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, yo entiendo que están interviniendo directamente en el proceso electoral castigando a conservadores y que hay una coacción política del Poder Judicial en favor de un candidato. Hay censura y es peor que la que había en el periodo militar. Están violando la Constitución. Estas son las palabras del jurista y constitucionalista vivo más connotado en el país: Ives Gandra Martins.
No son palabras de cualquier especialista jurídico. Es la percepción de un hombre de 87 años, abogado y profesor, que acompañó los trabajos y debates para elaboración de la Constitución de 1988; que convivió con los constituyentes y conoció a su pensamiento; que escribió un comentario de la Carta Magna en 15 volúmenes con más de 10.000 páginas, y que conoce personalmente a los ministros del STF, escribió libros con siete de ellos y guarda por ellos reconocimiento y estima. Eso da una densidad mayor a sus palabras.
¿Las decisiones del STF y del TSE que limitan la libertad de expresión hieren la Constitución?
Si. Yo estoy convencido que la hieren. Los ministros saben que la censura es prohibida por la Constitución, pero entienden que, en casos excepcionalísimos, pueden ir contra ella para defender su concepto de democracia; eso, evidentemente, genera una inseguridad jurídica monumental. El artículo 102 de la Constitución dice que el Supremo Tribunal sólo puede ser guardián de la Constitución.
Yo entiendo que hay censura en Brasil, hay presos políticos en Brasil, en un concepto de democracia que es dado por los ministros del STF, pero que de rigor no es lo que los constituyentes colocaron en la Constitución.
El STF tiene investigaciones abiertas contra una supuesta «milicia virtual» que propaga noticias falsas (fake news) y hay gente presa o exiliada por eso…
A mi ver eso también hiere la Constitución también. Una acción penal solo puede ser interpuesta por el Ministerio Público (MP), según el artículo 129 de la Constitución. Es su competencia privativa. Pues bien, el MP pidió que se archivara de la investigación porque no hay ley que defina como crimen las fake news, el STF apartó el pedido del MP y paso a investigar, a acusar y a juzgar. Entonces, tenemos al propio acusador como juzgador. Esto es contrario a la que está en la Constitución.
¿Y cómo lo justifican?
Tomaron un artículo del regimiento interno del STF, escrito por la propia Corte, no por el Legislativo, y redactado antes de la Constitución y lo sobrepusieron a nuestra Carta Magna. Es un inquerito ilegal.
¿Entonces imponen penas por crímenes no tipificados?
Hay un principio universal del Derecho que dice “ninguna pena sin ley”. Ellos lo han ignorado. Ellos han creado el “crimen” de fake news, y además han creado el “crimen” de la “desorden informativo” (por el que supuestamente decir verdades puede inducir al error). Esos “crímenes” no existen y con ellos han castigado a medios de comunicación, siempre con selectividad, porque han ido sólo tras los conservadores.
¿Qué diferencia hay entre este tipo de censura y la que se vivió en de periodo militar?
Hoy es peor. Tuvimos un régimen de excepción de 64 a 85, y en él hubo un periodo breve de 69 a 71 en el que existía el censor de prensa, que examinaba las materias y decía que podía publicarse y que no. Pero ahora, además de hacer eso, censuran materiales que no han visto y exigen anular o no divulgar hechos verdaderos.
Se ha prohibido publicar, hasta el día de las elecciones, noticias sobre determinado candidato, el de izquierda, que lo vinculen a ciertos temas; censurando así los hechos actuales y las publicaciones aún no realizadas. Es mucho peor que en el régimen militar.
¿No hay duda sobre la parcialidad en favor de Lula?
A pesar de la admiración que tengo por los ministros del STF, ellos están interviniendo directamente en el proceso político porque solo los conservadores están siendo castigados.
Siete de los 11 ministros fueron colocados por el presidente Lula, o por su partido. Fueron los ministros del STF que entendieron que había errores en todos los procesos que condenaron a Lula. Yo entiendo que hay hoy una intervención política, o no intervención, sino coacción política del Poder Judicial en favor de un candidato.
¿Este activismo vulnera el Estado de derecho?
Hace un tiempo apareció una pesquisa en el periódico Folha de São Paulo que apuntaba que 63% de los brasileños pensaban que el STF colocaba en riesgo la democracia. Que el Ejecutivo y el Legislativo tengan cierto desprestigio no es poco común. Lo que es sorprendente es que una institución hasta hace unas décadas era altamente admirada por el pueblo sea ahora vista así.
De rigor, y con todo respeto que es muy grande, yo entiendo que los ministros del STF están creando una nueva constitución y un nuevo código penal a partir de su interpretación y no de acuerdo con el pensamiento de los constituyentes o con el poder legislativo.
¿Cuál era el pensamiento de los constituyentes?
Nosotros tenemos una Constitución que fue discutida durante 20 meses, y conozco perfectamente el pensamiento de los constituyentes porque conviví con ellos y acompañé sus debates y trabajos. Su intención fue mantener los poderes absolutamente independientes y armónicos.
El titulo más largo de la Constitución es el cuarto, sobre la organización de los poderes, y en él describieron exhaustivamente cual era la competencia de cada poder para que ninguno invadiera la competencia de los otros. Por otro lado, también dieron instrumentos de frenos y contrapesos para que pudieran defenderse.
Yo me siento poco confortable al decir esto, pero la corriente doctrinal que abrazan los actuales ministros de la Corte no es aquella con la que fue elaborada la Constitución. Ellos creen que cabe al Poder Judicial actuar en los vacíos del Legislativo y corregir al Ejecutivo. Eso nunca fue considerado en la elaboración de nuestra ley fundamental
¿Cómo se pone freno a este activismo?
En la Constitución cabe al Senado Federal ser el juzgador del presidente y de los ministros del Supremo Tribunal. Le es dado ese poder. Este año hubo dos audiencias en el Congreso para hablar sobre el activismo judicial y los ministros del Supremo no aparecieron no aceptando la discusión.
Pero tengo la impresión de que el simple hecho de que la Casa juzgadora de los ministros abra un proceso y consiga colocarlos allí para discutir el activismo judicial, a mi ver, facilitará el regreso de la armonía de los poderes, y nuestra democracia solo volverá a ser fuerte cuando los poderes sean armónicos de un lado e independientes de otro, sea electo el candidato que sea.
