El Ministerio de Asuntos Exteriores está resolviendo los «últimos flecos» de la operación de liquidación de Diplocat y de la red de oficinas de representación de la Generalitat en el exterior, que estará totalmente disuelta antes del 15 de abril.
La aplicación del artículo 155 responsabilizó al Ministerio de Asuntos Exteriores de la liquidación de la «red de representación en el exterior» que la Generalitat había montado contraviniendo la Ley de acción exterior.
Fuentes oficiales han explicado que no ha sido una tarea fácil, ya que ha habido una «resistencia importante de los cargos», pero que con «mucho trabajo y mucha labor de pedagogía» se va a lograr cumplir con el plazo de cuatro meses dados por el Gobierno.
Para ello ha sido necesario cerrar 11 centros de la «red diplomática» de Cataluña en el exterior y rescindir los contratos de alquiler, muchos de los cuales conllevaban severas penalizaciones por resolver el contrato antes de tiempo.
Así, por ejemplo, el contrato de alquiler de las oficinas en Polonia establece una penalización equivalente a cuatro años de alquiler si el contrato se resuelve antes de tiempo, han detallado las fuentes.
Sigue abierta la sede de Bruselas
Queda abierta la oficina de Bruselas, que según las fuentes, da trabajo a 35 personas y tiene alquiladas tres plantas de un edificio en el centro de la ciudad y 9 plazas de garaje, todo ello por un precio de unos 900.000 euros anuales.
Aunque el contrato de alquiler no especifica las dimensiones de las oficinas, se calcula que son unos 2.930 metros cuadrados, lo que supondría que la «embajada» catalana es más grande que la embajada de España ante Bélgica, detallaron las fuentes.
Además, queda por resolver un ERE que afecta a 12 delegados -de las 11 oficinas, más el delegado en la oficina de Bruselas, única que queda activa-, 34 personas que trabajaban en las oficinas y 18 trabajadores de Diplocat.
La delegación en Bruselas es la única que no se ha cerrado por considerar que se dedica principalmente a potenciar y defender las relaciones comerciales de Cataluña, lo que entra dentro de las competencias de las comunidades autónomas.
Sí fue cesado su delegado, Amadeu Altafaj, puesto que se presentaba a sí mismo como «embajador» o ministro plenipotenciario de Cataluña, asumiendo así unas competencias políticas que no le correspondían.
El «equipo de liquidación» de Exteriores insistió en varias ocasiones en la posibilidad de que todos estos trabajadores fueran recolocados en otros organismos u oficinas, pero los responsables de la Consejería no aceptaron esas sugerencias, por lo que todos deben ser cesados.
Quedan también por cerrar «flecos de segundo nivel», como retirar mobiliario de algunas oficinas o entregar las llaves de alguno de los locales cuyos alquileres se han cancelado.
27 millones para promocionar el procés
La supervisión de las cuentas de la Generalitat han puesto de manifiesto que la Consejería de Asuntos Institucionales, Exteriores y de Transparencia que lideraba Raul Romeva tenía un presupuesto anual de más de 62 millones de euros, 35 de los cuales eran gastos corrientes justificados (nóminas, etc.).
Los otros 27 millones estaban dedicados a sufragar actividades para difundir el proceso secesionista catalán con conferencias, viajes, foros, campañas de publicidad e información, etcétera.
Así, se ha podido comprobar cómo existía una transferencia anual de dos millones de euros a Diplocat, que se presentaba como un consorcio público-privado con el objeto de «vender» Cataluña en el exterior.
El organismo, que empleaba a 18 personas, tenía sus oficinas en Diagonal 420, con un alquiler de casi 5.000 euros al mes, y una página web, también cerrada, en la que el secretario general, Albert Royo, explicaba que como Cataluña no tenía cabida en España Diplocat debía buscar su reconocimiento internacional, han asegurado las fuentes.
El «equipo de liquidación» del Ministerio de Exteriores también ha procedido a su cierre por considerar que «actuaba como una suerte de servicio diplomático paralelo», que buscaba promover el reconocimiento internacional del proceso independentista.
El cierre de toda esta estructura de representación política en el exterior también ha afectado a la financiación de los 62 Casals catalanes, centros de atención y reunión para los emigrantes catalanes en el extranjero (aunque también existen Casals en Madrid y Sevilla).
La financiación de estos centros y sus actividades estaba conformada como un único expediente por valor de más de un millón de euros, que incluía los gastos corrientes y gastos legítimos por valor de uno 630.000 euros, junto con fondos para financiar actos políticos y actividades de difusión del proyecto independentista.
Fuentes oficiales han explicado que se dio a la Generalitat la posibilidad de anular las subvenciones a este tipo de actos para evitar la anulación total del expediente, pero que el secretario general de la Consejería se negó a ello, por lo que la partida entera ha tenido que ser anulada.
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