La Policía Nacional ha desarticulado en Linares (Jaén) una organización dedicada al empadronamiento fraudulento de inmigrantes ilegales, principalmente de origen magrebí. La operación se ha saldado con 17 detenidos, mientras otras 26 personas han sido identificadas y se encuentran pendientes de detención.
La denominada operación Gloria, desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Linares, comenzó hace siete meses después de que los agentes detectaran anomalías en el padrón municipal. En concreto, observaron altas masivas en determinados domicilios en periodos muy reducidos de tiempo.
La investigación ha permitido constatar la existencia de un entramado organizado que captaba a ciudadanos extranjeros ilegales y les ofrecía la posibilidad de empadronarse en viviendas de Linares sin residir realmente en ellas, a cambio del pago de cantidades superiores a 500 euros.
Según la Policía Nacional, la red tenía una estructura definida. En la cúspide se situaba un individuo de nacionalidad marroquí, que actuaba como intermediario para ciudadanos de su misma nacionalidad en situación ilegal en España. Este hombre ofrecía el servicio, localizaba inmuebles, coordinaba los trámites y cobraba las cantidades acordadas.
El presunto cabecilla también dirigía a varios colaboradores encargados de acompañar a los inmigrantes durante las gestiones administrativas, incluida su asistencia a oficinas municipales y el asesoramiento posterior necesario para completar el proceso.
Uno de los datos más llamativos de la investigación es que los agentes localizaron viviendas de unos 80 metros cuadrados en las que figuraban empadronadas hasta 21 personas, además de sus moradores reales. Para la Policía, este hecho evidencia el carácter ficticio de las inscripciones y el uso sistemático de los inmuebles como herramienta para sostener la actividad fraudulenta.
Los domicilios eran facilitados por personas que vivían en régimen de alquiler y que autorizaban la inscripción de los interesados en el padrón municipal sabiendo que no residirían allí. A cambio, recibían una compensación económica.
Además, los inmuebles se utilizaban como direcciones de referencia para notificaciones, recepción de documentación oficial vinculada a trámites administrativos y solicitud de tarjetas sanitarias. Durante la investigación, los agentes intervinieron parte de esta documentación en viviendas que se encontraban desocupadas.
El empadronamiento fraudulento permitía a los beneficiarios aparentar arraigo en España y acceder de forma ilegal a procedimientos administrativos y servicios públicos, como solicitudes de residencia o trabajo, sanidad pública, ayudas sociales o expedientes de arraigo.
A los investigados se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. La operación ha requerido un importante esfuerzo investigador por la dispersión de los implicados, localizados en distintos puntos de España e incluso fuera del país, así como por las dificultades de comunicación por idioma y el uso de múltiples inmuebles.
De forma paralela a las actuaciones penales, se han incoado tres expedientes administrativos sancionadores por infracciones muy graves contra los responsables de los inmuebles utilizados. Las propuestas de multa oscilan entre 10.001 y 100.000 euros por cada inscripción irregular efectuada.
La operación Gloria continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones ni la localización de más viviendas vinculadas a esta actividad ilícita.
