Inmigrantes ilegales han asaltado un instituto público en Lorca (Murcia) para obtener el certificado de vulnerabilidad exigido en la regularización masiva de Sánchez. Ayer domingo, centenares de inmigrantes en situación ilegal colapsaron y tomaron las instalaciones del IES Ibáñez Martín, un centro educativo público de Lorca. Imágenes grabadas por testigos y difundidas en redes sociales muestran a decenas de personas saltando vallas, empujándose y generando un caos absoluto en las pistas deportivas y el patio del instituto, todo para conseguir el certificado de vulnerabilidad, documento clave para tramitar su regularización.
La Asociación Rumiñahui, junto con otras entidades de inmigrantes, había montado un dispositivo especial en el centro —con permiso de las autoridades— para emitir estos certificados ante el colapso total de los servicios sociales del Ayuntamiento. Sin embargo, la avalancha de solicitantes, muchos de ellos temporeros agrícolas llegados de otras zonas atraídos por el efecto llamada, desbordó por completo la organización. Más de un millar de personas se concentraron durante la jornada, según las propias asociaciones.
Este descontrol se enmarca en el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez a través del Real Decreto 316/2026. La medida permite a quienes estaban en España antes del 1 de enero de 2026 solicitar una autorización temporal de residencia y trabajo. Para quienes no tienen contrato ni lazos familiares, el certificado de vulnerabilidad emitido por servicios sociales o entidades acreditadas es obligatorio. El resultado: colas kilométricas, peleas y escenas de desorden que se repiten en varias localidades de Murcia y otras regiones.
Vecinos de Lorca han expresado su indignación y preocupación. «Un instituto donde estudian nuestros hijos convertido en centro de trámites para ilegales», denuncian algunos, que critican la utilización de instalaciones educativas para este fin. Desde VOX ya han calificado el proceso de «irresponsabilidad histórica» y han exigido medidas para evitar que se repitan este tipo de situaciones.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la regularización como una oportunidad para integrar a miles de trabajadores en la economía formal y aliviar la escasez de mano de obra en el campo. Sin embargo, las imágenes de Lorca vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el control de la inmigración ilegal y el coste que supone para los servicios públicos y la convivencia en los municipios.
