Nueva mentira del Gobierno de Pedro Sánchez a los españoles. Gracias al testimonio de un inmigrante pakistaní en el programa En Boca de Todos, hemos conocido que ya hay inmigrantes ilegales con antecedentes penales y policiales accediendo a la regularización y obteniendo los papeles pese a las promesas del Ejecutivo de endurecer los controles y evitar este tipo de situaciones.
Durante la entrevista emitida en televisión, el ciudadano pakistaní aseguró abiertamente conocer a numerosas personas que habían cometido delitos y que, aun así, habían conseguido regularizar su situación administrativa en España. Preguntado directamente sobre si esos individuos contaban con antecedentes, respondió afirmativamente y precisó incluso que algunos de ellos acumulaban antecedentes tanto en España como en sus países de origen.
El entrevistado explicó además que muchos de esos casos estaban relacionados con delitos contra el patrimonio, concretamente hurtos. Aunque trató de restar gravedad a los hechos señalando que «no eran delitos graves» y que varias de esas personas habían dejado de delinquir tras obtener la documentación, sus declaraciones provocaron una fuerte polémica al contradecir el discurso mantenido por el Gobierno sobre los requisitos exigidos para acceder a procesos de regularización.
El testimonio ha reabierto el debate sobre las políticas migratorias impulsadas por el Ejecutivo socialista y sobre los mecanismos de control aplicados en los procesos de concesión de permisos de residencia. Diversos sectores políticos llevan tiempo denunciando que las regularizaciones masivas pueden terminar beneficiando también a inmigrantes con antecedentes policiales o penales, algo que el Gobierno había negado públicamente en reiteradas ocasiones.
Las palabras del inmigrante pakistaní se produjeron además en un momento de creciente controversia por el aumento de la delincuencia y por las críticas de distintos partidos a la política migratoria del Ejecutivo. Mientras el Gobierno insiste en defender sus medidas de integración y regularización, la oposición reclama mayores controles, endurecimiento de las expulsiones y una revisión completa de los criterios utilizados para conceder permisos de residencia a personas en situación ilegal.
