El juez que investiga a Leire Díez tomó declaración hace dos semanas a dos testigos presentes en la reunión en la que, presuntamente, se solicitaron informaciones comprometedoras sobre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, uno de los principales investigadores de las causas relacionadas con el PSOE y el caso Koldo. Los interrogatorios, celebrados ante el magistrado Arturo Zamarriego, han cobrado especial relevancia después de que ambos comparecientes respaldaran la autenticidad del audio difundido sobre aquel encuentro y complicaran la estrategia de defensa de la investigada.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de un hombre identificado como Javier F.G., quien aseguró haber trabajado durante años como operativo del Centro Nacional de Inteligencia. El compareciente pidió al juez que su imagen apareciera pixelada durante la declaración alegando motivos de seguridad, solicitud que fue aceptada. Durante el interrogatorio, el testigo sostuvo que sus recuerdos coinciden con lo que se escucha en las grabaciones publicadas y afirmó que Leire Díez buscaba «trapos sucios» sobre Balas y también sobre un fiscal, aludiendo aparentemente a José Grinda.
Según relató ante el juzgado, la reunión se celebró en febrero de 2025 en el despacho del abogado Jacobo Teijelo y contó con la presencia de varios letrados, de Leire Díez, del empresario Javier Pérez Dolset y del empresario huido de la justicia Alejandro Hamlyn, que participó por videoconferencia desde el extranjero. El exoperativo del CNI aseguró que no conocía previamente ni a Díez ni a Pérez Dolset, aunque por el tono de la conversación tuvo la impresión de que actuaban «en nombre del Estado» o con capacidad de influir sobre la Fiscalía y determinadas investigaciones judiciales.
El testigo explicó además que durante la reunión se habló de posibles acuerdos con la Fiscalía a cambio de información sensible sobre miembros de la Guardia Civil y del Ministerio Público. Según su versión, la sensación general era que se estaban buscando pruebas «del tipo que fueran» contra Balas. Incluso señaló que llegó a percibir una especie de competición entre Hamlyn y Leire Díez sobre quién podía ofrecer más información o más capacidad de influencia.
El segundo interrogatorio estuvo marcado por momentos de fuerte tensión entre el juez y otro de los asistentes a aquella reunión, un abogado que también habría estado vinculado a servicios de seguridad del Estado. El magistrado rechazó que el compareciente pudiera acogerse al secreto profesional para evitar responder a las preguntas y elevó considerablemente el tono durante la vista. «¡Eso no era un despacho de abogados!», llegó a espetarle Arturo Zamarriego, dejando entrever que no comparte la tesis de las defensas sobre una supuesta protección jurídica del encuentro.
La investigación gira en torno a las presuntas maniobras para obtener información perjudicial contra Antonio Balas, responsable de investigaciones especialmente sensibles para el PSOE. El audio difundido de aquella reunión incluye frases atribuidas a Leire Díez sobre la conveniencia de apartar al mando policial y posibles ofrecimientos relacionados con beneficios procesales. La validación del contenido de la grabación por parte de los dos testigos interrogados supone un importante revés para la estrategia de la exmilitante socialista, que había sostenido que el audio estaba manipulado y que acudió a aquella reunión únicamente como periodista de investigación.
