Se cesará a Puigdemont y a todo su gobierno y las consejerías serán dirigidas por el Estado. Lo que viene a significar que el Gobierno de España se hace con el control total de la Generalitat, pero… ¿es viable?
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado esta mañana que el Govern tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas aprobadas el sábado: «Ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas». En los últimos minutos esa posibilidad parece factible y según diversas fuentes Carles Puigdemont podría acudir a la Cámara Alta. Habrá de ser, en todo caso, antes del viernes, fecha en la que se aprobará previsiblemente las decisiones planteadas por el Ejecutivo.
Si el president de la Generalitat renunciara a la secesión en el Senado, se abriría un nuevo e inesperado escenario. No parece, en cualquier caso, que Puigdemont renuncie a estas alturas a culminar el proceso iniciado hace ahora cinco años.
El 155 sobre el papel y en la práctica
La vicepresidenta, abogada del Estado, parece convencida que la invocación del Artículo 155 y su puesta en práctica serán una misma cosa. Parecen ignorar que sus homólogos no operan en las mismas coordenadas. Parecen ignorar que se enfrentan a una excitada revolución nacionalista que, tal y como se demostró con la actuación de los Mossos d’Esquadra el primero de octubre, ya no reconoce “la legalidad española”. Aquél día el Estado no logró restablecer el orden legal. Y en esta ocasión el desafío es inmensamente mayor.
Soraya insisite en que Puigdemont y el resto de miembros del Govern serán cesados y dejarán de ejercer sus responsabilidades. «Dejarán de ser miembros del Govern por mucho que quieran vivir en la ficción que sea. Son presidentes y consellers por la Constitución. No están investidos por una autoridad divina», ha añadido antes de precisar que, por ejemplo, Puigdemont no podrá adoptar decisiones como president y dejará de cobrar por ese cargo.
Aunque Sáenz de Santamaría ha reiterado que la intención es que las competencias de los consellers sean asumidas por los ministros, la realidad es que podrían abrirse nuevos escenarios y uno de ellos pasa por que se decida un mando único. Se trataría de establecer un órgano colegiado si así se estima oportuno.
1. La Consellería de Hacienda
La consellería de Hacienda está ya parcialmente intervenida. Fue registrada por la Guardia Civil y los pagos a los funcionarios ya los efectúa directamente la Hacienda central. Además, según se ha sabido, Madrid desmantelará todas las estructuras tributarias de la Generalitat de Cataluña que no se correspondan con sus funciones propias establecidas en la legislación,
Según el diario El País, en cuanto se apruebe la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, las autoridades examinarán con lupa estos mecanismos. La Generalitat ya había anunciado su intención de tener lista una agencia tributaria “para el minuto uno de la independencia”.
2. Sobre TV3 y Catalunya Ràdio
La vicepresidenta insiste de nuevo en que la previsión es que los medios de comunicación públicos catalanes cumplan su propia ley. Confía en que los funcionarios de la administración de Cataluña no se resistan a cumplir las órdenes que se les trasladen. Un convencimiento que ya puso de manifiesto el pasado sábado durante la reunión con periodistas en el Palacio de La Moncloa. Sáenz de Santamaría se mostró “segura” de que los funcionarios autonómicos “serán profesionales” ante el nuevo estatus quo, algo que el conseller de Exteriores, Raül Romeva, acaba de desmentir. Los funcionarios autonómicos, ha dicho, “no acatarán” órdenes de Madrid.
Se prevén, no obstante, sanciones o cambios organizacionales con el fin de que se acaten las órdenes. El texto acordado con PSOE y C’s permite «ir cesando y removiendo» a las personas que pudieran ser responsables de incumplimientos. Falta por ver que las medidas sean suficientes.
3. Forn, Trapero y los Mossos bajo sospecha
Como el resto de consellers, el de Interior, Joaquim Forn, será cesado. A partir de ahí «se seguirían tomando las primeras decisiones». No ha aclarado Sáenz de Santamaría, sin embargo, si el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, será destituido o no. Vista la actuación del cuerpo autonómico el pasado uno de octubre y su condición de imputado por sedición, lo previsible es que el Gobierno lo destituya.
4. Exteriores en el punto de mira
La Constitución española atribuye al Estado la representación internacional exclusiva. La Generalitat, sin embargo, hace años que despliega su propia paradiplomacia que actúa como altavoz global del relato independentista. En este sentido la vicepresidenta sí ha sido rotunda: se actuará, «sin ningún género de dudas», ante el intento de la Generalitat de construir «una estructura de Estado» en el exterior. «Eso -ha dicho- tiene que recuperarse para la legalidad y es uno de los ámbitos en los que vamos a actuar con carácter prioritario».
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