Tras cinco años de manifestaciones, trabajo paradiplomático, “estructures d’Estat”, un referéndum y una gigantesca campaña de ingeniería social, el procés llega a su fin.
El separatismo catalán, consciente de que el referéndum no se celebrará, podría estar planificando una “primavera árabe” a la catalana que obligue al Estado a negociar la secesión. Por su parte, desde Moncloa se rigen por un valor que están seguros les dará la victoria: proporcionalidad.
Tras cinco años de manifestaciones, trabajo paradiplomático, “estructures d’Estat”, un referéndum y una gigantesca campaña de ingeniería social, el procés llega a su fin. Los bloques antagónicos, Generalitat y Estado, aseguran que se saldrán con la suya. Los primeros que celebrarán un referéndum vinculante y definitivo, los segundos que el referendo “no se celebrará”.
Lo cierto es que ya hay fecha -1 de octubre de 2017- y pregunta – “¿Está usted de acuerdo con un Estado independiente en forma de República?”. Los partidos separatistas incluso han dado el pistoletazo de salida a la campaña por el “Sí”, con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) promocionando la secesión en anuncios y cartelería.
La (arriesgada) estrategia de los separatistas
Circula en la prensa catalana la posible estrategia del mundo independentista caso de que resulte imposible celebrar el referéndum. Ya nadie piensa que “sólo quieren dinero” y que “en realidad no buscan la independencia”. El separatismo está convencido de que nunca han tenido la secesión tan cerca y no descabalgarán la estrategia después de haber llegado tan lejos. Buscan, por medio de provocaciones, que el Estado diga o haga cualquier cosa que pueda ser susceptible de encender los ánimos. El objetivo es elevar la tensión hasta el punto de que miles de independentistas ocupen el parque de la Ciutadella, donde está ubicado el Parlament. Dentro del hemiciclo los 72 diputados de Junts Pel Sí y de las CUP seb someterían a un encierro voluntario y proclamarían la independencia.
La estrategia resultaría necesariamente ganadora a ojos de sus diseñadores pues obligaría al Estado a emplear la fuerza, suspender la autonomía y llevar a los tribunales a decenas de políticos elegidos democráticamente por los catalanes. La respuesta del Estado al desafío llamaría la atención de la comunidad internacional y, sobre todo, movilizaría a la población a favor de “la causa de la democracia y la libertad”. Los separatistas se establecerían con tiendas de campaña o directamente a la intemperia al estilo de las primaveras árabes. Así las cosas, el nuevo y agónico escenario obligaría al Estado a, como mínimo, senatarse a negociar los términos de un referéndum de secesión vinculante y definitivo.
El Gobierno, a la espera de acontecimientos y obsesionado con la “proporcionalidad”
Al otro lado de la trinchera, el Gobierno de España está convencido de que el desafío acabará en unas (nuevas) elecciones autonómicas.
En La Moncloa tienen una obsesión: no hacer ningún movimiento que pueda ser susceptible de ser utilizado por el separatismo para azuzar el victimismo. La actitud del Gobierno es conservadora al punto de descartar, salvo catástrofe, la aplicación del Artículo 155. Están convencidos de que existe una batería legal alternativa que podría frenar el golpe al Estado de Derecho.
Prudencia, mesura y proporcionalidad. Son los conceptos que circulan en las altas esferas madrileñas. En La Moncloa, en contacto permanente con PSOE y C’s, saben de la extraordinaria habilidad del movimiento separatista para generar relatos de agravio e instalarse en el victimismo.
Creen que el precedente del 9 de noviembre de 2014 y sus inhabilitaciones podrían operar como elemento disuasorio de cara a un intento similar. Y sobre todo saben que gracias a la jurisprudencia generada con aquella consulta el Estado podrá bloquear rápidamente los intentos del separatismo de celebrar la consulta. También de organizarla, ya sea a través de proveedores de material, impresión de papeletas, colegios electorales, propaganda electoral y, sobre todo, el acto del 4 de julio en el que el president de la Generalitat Carles Puigdemont explicará “los detalles del referéndum”.
