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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Schleswig-Holstein, radiografía del desengaño europeo

La reciente resolución de la justicia alemana liberando a Puigdemont ha indignado a la opinión pública española, a la que resulta difícil entender la razón de dicha determinación.


Tras décadas proyectando una imagen de idílica colaboración trasnacional entre los principales estados europeos, y tratando de convencernos de la importancia de España en el seno de la UE, la sentencia judicial germana resulta incomprensible.
O no tanto.

Pluralismo alemán

La sentencia resulta llamativa desde muchos puntos de vista; empezando por el político, ya que no puede olvidarse que el Tribunal Constitucional alemán, ante la pretensión de un minúsculo partido bávaro de separarse del conjunto del país, ha sentenciado que «la soberanía recae en el pueblo alemán, por lo que los estados federados no son los dueños de la Constitución. No hay por lo tanto espacio para aspiraciones secesionistas de un estado federado en el marco de la Constitución. Violan el orden constitucional».
Por no hablar de que Alemania no permite la existencia legal de un partido comunista o de un partido nazi por razones de principios, sin necesidad de justificar tal prohibición en acto violento alguno.
La convicción general es que a un país con mayor potencia de fuego que España no le habrían recetado tal sentencia. La fundamentación de la sentencia, como ha sido reconocido, es más que dudosa, y parece inevitable en estos casos considerar la trascendencia de España en el escenario internacional.

Una débil España en Europa

Resulta alarmante la escasa importancia de España no ya en el escenario internacional, sino en el más modesto y cercano ámbito europeo. Esa peligrosa carencia explica el porqué de la bofetada al gobierno de Mariano Rajoy. Es evidente que si Berlín valorase en algo sus relaciones con España -en algo más que en la consideración de nuestro país como un destino de consumo para sus productos -, nos habríamos ahorrado este bochorno.
Pero en la política internacional solo cuentan aquellos que se hacen valer y, en el marco europeo, España no tiene el peso que parecería adecuado. La decisión de soltar a Puigdemont refleja, en el mejor de los casos, un alto grado de indiferencia por las cosas de España.

El gobierno, genuflexo

Lo peor del asunto es la temerosa exhibición del gobierno de Madrid. Acostumbrado a refugiarse tras las togas de las diversos tribunales, audiencias, supremos y constitucionales, reacciona siempre como en un reflejo condicionado, manifestando estruendosamente su disposición a acatar lo que digan los tribunales. Ni un adarme de protesta, de dignidad, de patriotismo. Los tribunales, über alles.
Y lo cierto es que, si cualquier decisión de una corte de justicia es criticable – aunque otra cosa pretenda el pappanatismo que eleva a la condición divina cualquier pronunciamiento de un tribunal – en este caso tanto más. Porque del de Schleswig-Holstein, un simple land al fin y al cabo, no solo se ha permitido ignorar la petición de un magistrado del Supremo español, sino que le ha negado la autoridad para enjuiciar por rebelión al prófugo Puigdemont.
El tribunal alemán solo debía cotejar si el delito que se le imputa en España existe en la legislación alemana. Algo que no solo parece fuera de toda duda, sino que en Alemania recibe un castigo penal mayor que en España.
Pero el tribunal de Schleswig-Holstein no ha hecho eso, sino que ha entrado en el fondo de la cuestión, valorando si el grado de violencia empleado en el delito que se le imputa a Puigdemont y por el que se le reclama, permite calificar de un modo u otro el propio delito. Es decir, que un juez de un land alemán ha actuado como una instancia superior del Tribunal Supremo ¡de España!
Mientras, el gobierno de España entonando la salmodia del respeto a las sentencias judiciales.
Algo que, por cierto, no está haciendo el gobierno alemán con los tribunales españoles. Este viernes pasado, la ministra alemana de Justicia,  Katarina Barley, no solo ha respaldado la decisión de la corte de Schleswig-Holstein, sino que ha echado leña al fuego al añadir que el gobierno español iba a tener muy difícil no ya justificar la acusación de rebelión, sino incluso la de malversación. Algo verdaderamente inaudito el que un ministro de un país de la unión se pronuncie sobre el fondo de la cuestión de una petición judicial formulada por un país miembro.
Mientras, en España, ni una sola fuerza parlamentaria ha salido a protestar por tal intromisión. Y el gobierno, por boca de su ministro de exteriores, Alfonso Dastis, se ha limitado a calificar de «desafortunadas» las palabras de la ministra alemana mientras, de espaldas a la realidad, insiste en que todo es «un diálogo entre jueces»…

¿Por qué?

El modo de actuar del gobierno, en términos generales y más en este asunto, ha sido desde el principio parapetarse en las resoluciones judiciales, lo que, creen, les permitirá evitar el pago de un precio político por las decisiones que toman los tribunales.
Así que el valor fundamental para este gobierno es no tener que pronunciarse; es decir, no hacer política, y para ello las resoluciones judiciales son el burladero perfecto, aunque sea a costa de los españoles que se están batiendo el cobre en Cataluña por mantener viva a España.
El horizonte del gobierno del Partido Popular es, ante todo, el de no comprometerse. Su objetivo es el de retornar al periodo anterior a septiembre de 2017, un tiempo que ya no volverá; se empecina en actuar como si no hubiera sucedido nada en estos meses o como si lo sucedido no hubiese modificado el panorama político del modo que lo ha hecho.
Además, el gobierno de Rajoy ha descansado buena parte de su confianza en los pregonados apoyos exteriores. Algo que ha utilizado como arma de propaganda durante bastante tiempo. Sin embargo, en los últimos meses esos celebrados apoyos europeos han arrojado algunas sombras, que se han visto corroboradas por la sentencia de Schleswig-Holstein.

Apoyo exterior

Una de las constantes en toda esta crisis ha sido la insistencia del gobierno en los apoyos exteriores. Como era previsible, los gobiernos se han manifestado públicamente en el respeto por el staus quo y, por lo tanto, eso puede traducirse como un apoyo al Estado español.
El gobierno de Madrid ha exhibido tal circunstancia durante un tiempo como un mérito al que se ha hecho acreedor, pero la verdad dista bastante de esto.
Los independentistas se han movido mucho mejor durante la mayor parte de esta crisis, aunque en los últimos meses haya habido una cierta reacción del gobierno. Pero el balance no puede ser positivo. Pues si bien la postura oficial de casi todas las capitales ha sido acorde a la cortesía exigible, no han faltado algunas manifestaciones dudosas.
Algunos estados, incluso comunitarios, no se han recatado en mostrar sus simpatías por la causa independentista. En este sentido ha habido manifestaciones públicas de los países bálticos, de Israel, de Bélgica; los parlamentos danés y suizo han aprobado declaraciones en las que instan a una “solución democrática y negociada” a la cuestión catalana, algo que recuerda al lenguaje separatista, mientras que los parlamentos finés y sueco, condenaron la presunta violencia policial del 1-O.
En Eslovenia, el presidente del parlamento defendió públicamente que “los catalanes tienen derecho a la autodeterminación”, mientras que el ex-presidente Milan Kucan – que goza de un notable prestigio por ser el primer presidente del gobierno tras la independencia -, ha condenado el uso que el gobierno español hizo de “la fuerza y las amenazas de una intervención militar”.
Todo esto sin contar con la labor de la Open Society Foundations de Soros y otros lobbys dependientes del mismo magnate.rajoy

Schengen

Parte de lo sucedido con Puigdemont se debe a la existencia del llamado espacio Schengen. Es decir, al hecho de que un gran número de países europeos ha eliminado las fronteras – en sucesivas etapas – entre ellos. En los últimos años hemos sido testigos de cómo este hecho ha proporcionado una gran impunidad a delincuentes de distintos pelajes y terroristas, así como ha impedido una acción eficaz para controlar los movimientos migratorios.
Aunque durante largos años desde la UE se ha pretendido que el espacio Schengen en realidad suponía una mejora en la lucha contra la delincuencia, ha sido Schengen lo que ha permitido a Puigdemont salir de España sin ser molestado.
Pero Schengen es algo no negociable para la eurocracia, pues está en el epicentro mismo de la UE. Se le ha dotado de una cierta flexibilidad, precisamente porque se sabe de la debilidad que aporta en materia de seguridad a los países miembros de este acuerdo (que ni son todos los de la UE ni se limita a miembros de la UE).
Con Schengen y careciendo de mecanismos unificadores en materia penal, el resultado es lo que está sucediendo con el prófugo Puigdemont. Es decir, existe una enorme facilidad para el desplazamiento territorial de los delincuentes mientras que estamos muy lejos de una respuesta de igual agilidad por parte de la justicia.
Pero tampoco debe perderse de vista la voluntad política, esa que tantas veces soluciona tantas cosas. Porque hoy al gobierno, por mucho que se empeñe en lo contrario, le resulta ya imposible evitar la imagen de la bofetada que se ha propinado a la dignidad de todos los españoles en su cara. Una bofetada política, de público desprecio.
El episodio de Puigdemont ha representado el último desengaño de una población que continúa estupefacta ante lo acaecido en el tribunal de Schleswig-Holstein, y que barrunta que la debilidad de España ha jugado un papel crucial en el pronunciamiento judicial teutón.
Y que se siente humillada y ofendida.

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