Hoy acontece la única causa capaz de movilizar a la izquierda en masa. Es el «No a la guerra» que muta según convenga para recuperar la iniciativa política en la calle. Si el Gobierno afloja el feminismo aprieta, axioma que en tiempos de crisis se hace más evidente por su capacidad de influencia y penetración en todas las capas del Estado.
El 8M es un gigantesco salvavidas para un Gobierno que esconde los más de 700 delincuentes sexuales que se han beneficiado de la reducción de penas por la ley del «sólo sí es sí», cuatro millones de parados y el desempleo juvenil más alto de la Unión Europea. Con los violadores campando a sus anchas, al Gobierno sólo se le ocurre denunciar el machismo estructural y el patriarcado que oprime a las mujeres. Pero si ellos tienen la propaganda y el BOE, ¿no deberían exigir responsabilidades a sí mismos por cualquier injusticia que sufran las mujeres?
En realidad, como en casi todo, se trata de un arma propagandística tan potente que ha sustituido reivindicaciones sociales clásicas de la izquierda como unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación…), la lucha contra el paro o el acceso a la vivienda. En apenas unos años estas causas han desaparecido de los discursos de los partidos entregados al dictado de la agenda 2030.
De modo que este año el feminismo vuelve a marcar el debate político, eso sí, dividido por ‘los efectos indeseados’ de la ley del sólo sí es sí que aprobaron PSOE y Podemos de la mano de todos sus socios con la propina de Ciudadanos.
En cualquier caso el éxito del 8M es que ha obligado a todos a posicionarse. Desde los partidos hasta los medios de comunicación pasando por bancos y grandes multinacionales, por eso ya no escandaliza que en España su mayor patrocinador sea el Banco Santander. Vamos, pura subversión. Su crecimiento ha sido tal que hoy es uno de esos fenómenos a los que muchos se apuntan por presión social: la espiral del silencio obliga a no quedarse fuera de la corriente predominante.
Esta atmósfera es especialmente asfixiante en el periodismo, donde abundan los ejemplos de adhesión incondicional. En 2020 la presentadora Susanna Griso animó a la marcha diciendo «que el coronavirus no sea una excusa para no asistir al 8M”.
Como sucede con todas las modas nadie quiere quedarse atrás. Aparecen voces de ayer y de hoy (¡sobre todo de ayer!) que se enrolan con entusiasmo al movimiento. Ahí está Iñaki Gabilondo, indignadísimo por el machismo de la sociedad española. «Yo también soy feminazi», fue su alegato en 2019. Entonces dijo que las mujeres, que son mayoría en España, tienen que luchar para conseguir los mismos derechos que la minoría -los hombres-. Para el periodista las mujeres tienen menos derechos que los hombres y aquí cabe preguntarse si Gabilondo, que ya estaba delante de un micrófono cuando Franco vivía, no detectaba machismo en la España de entonces o después en la de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar o Zapatero. Diríase que Iñaki es feminista de ola retardada, de los que sólo navegan con el viento a favor y acuden a la batalla cuando ya está ganada.
Se trata, por tanto, de una verdad oficial impuesta en apenas unos años. Y con verdadero éxito, pues que PSOE y Podemos arrastren a PP y CS demuestra la enorme influencia del movimiento, al que populares y naranjas se adhieren aunque sean recibidos a salivazos al grito de fascistas. En realidad, todos los partidos, excepto VOX, acuden a los actos institucionales dentro y fuera del parlamento.
A menudo el análisis que se hace del movimiento peca de condescendiente paternalismo, como si el 8M fuera un fenómeno espontáneo gestado en una tarde de asamblea y porros en la universidad. Se hace noticia del lado más cómico del feminismo fruto de las frivolidades y mensajes irreverentes del propio 8M («machete al machote» o «la talla 38 me aprieta el…»). Pero conviene tomárselo en serio: en cuatro años Rita Maestre pasó de asaltar una capilla en la Universidad Complutense al grito de «hay que quemar la conferencia episcopal» a ser portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Por aquello la joven Rita y sus amigas no fueron expulsadas de la Complutense -donde hoy se veta a Rocío Monasterio-, pues se toparon con un rector de la cuerda, Carlos Berzosa, que aseguró que «no debería haber capillas en las universidades». La extrema izquierda -entonces marginal y sólo defendida por un puñado de profesores chavistas como Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias- presentó el asalto como «un debate por la libertad de expresión».
No obstante, el poder del 8M no sólo se mide por la adhesión de casi todos los partidos y medios de comunicación, sino por su capacidad de coacción a la propia justicia. El socialista Alfonso Guerra reconoció que el presidente del Tribunal Constitucional le había confesado que la ley contra la violencia de género –aprobada en diciembre de 2004 por Zapatero- era inconstitucional, pero fue validada por las presiones políticas recibidas. «Hablé con el presidente del Tribunal y le dije: la declararéis inconstitucional, ¿verdad? Él me dijo: Hombre, claro, esto es absolutamente inconstitucional. Luego salió la sentencia: constitucional. Me dijo: ¿Tú sabes la presión que teníamos? ¿Cómo podíamos soportar esa presión? A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia», declaró el que fuera vicepresidente del Gobierno.
Desde luego, la presión es terrible y en 2019 el propio CGPJ puso en marcha el primer curso de formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces. La reforma de la LOPJ aprobada en diciembre de 2018obliga a los magistrados a acreditar su formación en perspectiva de género para obtener cualquier especialización. Una victoria del feminismo que poco a poco va tiñendo las togas de morado.
En este clima de sometimiento a la Justicia se produjo el ataque y ensañamiento contra el juez Ricardo González por emitir un voto particular pidiendo la absolución de la manada de los Sanfermines condenada a 9 años de prisión por la Audiencia Provincial de Navarra en 2018. Una multitud aguardó a las puertas del tribunal navarro con las pancartas ya escritas («No es abuso, es violación» o «No es no, ¡justicia!») antes de conocer el veredicto.
La pena de 9 años de cárcel fue insuficiente para el feminismo, que convocó ese mismo día manifestaciones en toda España. Un año después el Tribunal Supremo elevó a 15 años de cárcel la condena contra la manada. Irene Montero reconoció que la presión ejercida fue esencial. «Esta sentencia no sería posible sin el empuje del movimiento feminista que dirá ‘hermana, yo sí te creo hasta que solo sí sea sí’, hasta parar los pies al machismo. Luchar sirve, mujeres».
Pero el ruido mediático, por supuesto, sólo se invoca cuando conviene. Las violaciones y agresiones a mujeres son sistemáticamente ocultadas cuando sus agresores son inmigrantes. El motivo de este silencio es ideológico y esconde una contradicción enorme en el mainstream progre: la defensa de la mujer y la inmigración ilegal. Cuando ambos intereses colisionan siempre se resuelve en favor de los segundos, como vimos en el año nuevo de 2016 en la ciudad alemana de Colonia.
Entonces casi mil árabes y magrebíes asaltaron a centenares de mujeres a las que sometieron a todo tipo de vejaciones, les robaron e incluso violaron. La mayoría de los agresores eran refugiados sirios que unos meses antes habían llegado a Alemania (en total un millón) atendiendo al «Refugees Welcome» de Merkel. La prensa tapó el escándalo los primeros días pero a medida que las denuncias se multiplicaban en comisaría no hubo quien escondiera los hechos. La reacción de la alcaldesa de Colonia, Henriette Reker, fue aún más bochornosa: pidió a las jóvenes alemanas que cuidaran su forma de vestir para no provocar a los refugiados. Que la izquierda anteponga la inmigración ilegal -a la que considera más víctima que una violada- a la mujer demuestra que ésta en realidad no importa gran cosa salvo para ser usada como palanca revolucionaria.
Otro caso similar e igualmente sonrojante es el de las menores explotadas sexualmente en Baleares. PSOE, Podemos y Mes -tripartito que gobierna la comunidad- se negaron a la creación de una comisión de investigación delas agresiones sexuales sufridas por más de 15 menores bajo tutela de un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno balear. Por supuesto, el 8M no las incluye en sus pancartas.
Como todo movimiento pseudo-revolucionario promovido por el poder el 8M sabe que para mantener su hegemonía cultural, política y mediática es fundamental estar cobijado por el BOE y su maná presupuestario. Y para ello hay que mimar a la reina de la corona: la ley contra la violencia de género. En 2023 se destinarán más de 300 millones de euros a esta ley, pues el pacto de Estado contra la violencia de género -también están PP y CS- impone un incremento cada año.
La paradoja está en que ni el aumento presupuestario ni la propia ley que elimina la presunción de inocencia del varón han servido para reducir la violencia contra la mujer. Para ocultar el fracaso el feminismo usa el trazo grueso metiendo a todas las víctimas en el mismo saco como si todos los crímenes siguieran un mismo patrón.
Sucede lo mismo con los agresores, de los que se obvia cualquier estudio en profundidad. Por ejemplo, la nacionalidad. Según el Ministerio de Igualdad entre 2003 y 2020 murieron asesinadas 1.052 mujeres: 717 asesinos fueron nacidos en España y 335 en el extranjero. Es decir, del total de asesinos (1.052) el 31,8% fue extranjero y el 68,2% español. Teniendo en cuenta que -según el INE- en España hay un 11,2% de extranjeros y un 88,8% de españoles, los extranjeros tienen una inclinación 3,5 veces superior a los españoles a cometer este tipo de delitos.
Otro de los mitos más repetidos por el 8M es el de la brecha de género: los hombres ganan más que las mujeres por el hecho de serlos (curiosamente en este caso la realidad biológica sí determina el sexo que otras veces es ‘una construcción social’). Dicen las feministas que ellos ganan un 25% más que ellas al comparar el sueldo medio de hombres y mujeres. Pero he ahí la trampa, pues dejan al margen factores decisivos como la reducción de jornada a la que se someten muchas mujeres para cuidar de su familia. Lo hace el 22,3% de las mujeres frente al 3,6% de los hombres, según un informe del instituto Juan de Mariana. Además la incidencia del empleo a tiempo parcial es mayor entre las mujeres (24,2%) que entre los hombres (7,3%), y esa reducción de horas va pareja a una disminución de sueldo, pero este factor pasa desapercibido para el feminismo.
En definitiva, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en la única posibilidad de la izquierda de salir a la calle de forma masiva abrazando una ideología que, cuando se convierte en ley, desprotege a la mujer.
