El parlamentario andaluz de VOX y portavoz de Empleo y Campo dentro de la formación, Rodrigo Alonso, ha denunciado que «alrededor de 9.000 hectáreas de olivar jiennense están en riesgo de perder la cosecha debido a la plaga del algodoncillo» y ha exigido medidas contundentes ante la falta de soluciones efectivas. La situación, según afirma, se ha vuelto insostenible para muchos agricultores que ven cómo sus tratamientos no logran frenar el avance del insecto.
Alonso realizó estas declaraciones tras desplazarse recientemente a Villanueva del Arzobispo, una de las áreas más afectadas de la provincia de Jaén, donde pudo comprobar in situ los estragos de la plaga. El dirigente de VOX ha insistido en que los productores agrícolas han seguido al pie de la letra las recomendaciones del servicio andaluz de Sanidad Vegetal y han aplicado todos los productos permitidos por el Ministerio de Agricultura y la normativa europea, pero sin resultados visibles.
En este contexto, ha reclamado que se permita con carácter excepcional el uso de fitosanitarios más potentes, aunque actualmente estén prohibidos por la Unión Europea por su presuntoimpacto sobre la salud humana. Entre ellos, ha señalado explícitamente los clorpirifos, una sustancia que fue retirada del mercado europeo pero que, según Alonso, sigue utilizándose en países extracomunitarios cuyos productos sí pueden ingresar en el mercado comunitario.
«La situación es absurda y completamente incoherente. Europa veta el uso de ciertas sustancias dentro de sus fronteras pero permite la importación de frutas y hortalizas tratadas con esos mismos productos», ha afirmado el diputado. Ha citado como ejemplo a Marruecos, Egipto y Turquía, que emplean clorpirifos en cultivos como aceitunas, naranjas o pimientos, lo que, a su juicio, genera una competencia desleal frente al agricultor español, sometido a mayores restricciones.
Para Alonso, el problema va más allá de una simple plaga. Asegura que se trata de una consecuencia directa de las políticas del Pacto Verde Europeo, al que acusa de «desmantelar el campo andaluz con reglas que destruyen la rentabilidad del agricultor» mientras se favorece la entrada de productos foráneos sin los mismos controles.
