El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, otorgó 18 contratos públicos por un total de 21,8 millones de euros a dos empresas mencionadas en la trama Koldo, según ha revelado el empresario Víctor de Aldama en un escrito de 37 páginas presentado ante el Tribunal Supremo y adelantado por Libertad Digital.
Las compañías señaladas, Obras Públicas y Regadíos S.A. (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción S.L., resultaron beneficiadas con adjudicaciones gestionadas a través de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). Según Aldama, estos contratos fueron concedidos en un esquema de comisiones ilegales que se mantuvo incluso después de la salida de Ábalos del ministerio en julio de 2021.
La empresa Obras Públicas y Regadíos S.A. recibió seis adjudicaciones por un total de 4,3 millones de euros, todas provenientes de ADIF. Entre ellas destacan las concedidas el 27 de noviembre de 2019, una por 1,2 millones de euros y otra por 1,46 millones de euros, además de un contrato de 500.000 euros fechado el 20 de enero de 2021.
Por su parte, Levantina, Ingeniería y Construcción S.L. obtuvo doce contratos, la mayoría bajo la gestión de AENA, que sumaron 17,5 millones de euros. Entre los más cuantiosos figura uno de 11,5 millones de euros adjudicado el 24 de julio de 2018, otro de 2,8 millones de euros el 27 de enero de 2021, y otro por 992.799 euros el 14 de enero de 2021.
Aldama sostiene en su escrito que los responsables de OPR y Levantina mantuvieron encuentros con Koldo García, exasesor de Ábalos y una pieza clave en la trama. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Daniel Fernández Menéndez, director de OPR, y su hermano Antonio Fernández Menéndez, excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía hasta octubre de 2022, solicitaron a García que utilizara su influencia sobre el presidente de ADIF, Ángel Contreras, para garantizar la adjudicación de una obra de emergencia en el tramo Monforte de Lemos-Lugo.
Las investigaciones han revelado que varias de estas adjudicaciones estaban preasignadas antes de su publicación oficial y que el reparto de contratos respondía a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, especialmente en el área de la Dirección General de Carreteras.
El escándalo ha colocado a Ábalos, quien fue una de las figuras de mayor confianza de Pedro Sánchez, en el epicentro de una presunta red de corrupción vinculada a la concesión de contratos públicos. El Tribunal Supremo analiza ahora las pruebas aportadas por Aldama mientras la UCO avanza en sus pesquisas para determinar el nivel de implicación de los intermediarios que participaron en la concesión de estas licitaciones.