El exministro José Luis Ábalos ha desvelado en una entrevista para OkDiario que una empresa pública vinculada al Ministerio para la Transformación Digital, Red.es, habría encargado a una compañía privada la eliminación de información comprometida sobre Begoña Gómez en Internet.

Según el relato del exdirigente socialista, los hechos se remontan al verano de 2024, en pleno auge de la polémica judicial que afectaba a la esposa del presidente del Gobierno. En aquel momento, la exposición mediática del caso y la presencia de contenido sensible en la red habrían llevado, presuntamente, a impulsar una actuación destinada a borrar ese rastro digital.

Ábalos asegura que tuvo conocimiento de esta operación a través de un trabajador de la propia entidad pública, quien presenció lo ocurrido. El exministro restó dramatismo a la forma en la que se lo contaron, describiéndolo como un comentario informal, aunque insistió en que la fuente procedía directamente del entorno interno de Red.es. No obstante, reconoció que desconoce cuánto dinero se habría destinado a este encargo.

Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de sospechas sobre la gestión de dicha empresa pública. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ya había puesto el foco en diversas irregularidades relacionadas con contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, por un importe superior a los 10 millones de euros.

Entre las anomalías detectadas, el informe señalaba modificaciones en los metadatos de documentos clave tras su emisión oficial, lo que algunos expertos consideran indicativo de posibles manipulaciones. Además, no constan actas de reuniones relevantes solicitadas por la Fiscalía Europea, lo que añade más dudas sobre la transparencia de los procedimientos.

También se mencionan cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez que, según ese mismo análisis, habrían influido en la valoración técnica de los contratos, favoreciendo a determinadas propuestas frente a otras consideradas más beneficiosas desde el punto de vista económico.

En este contexto, la supuesta eliminación de contenido en internet apuntada por Ábalos encajaría, según distintas interpretaciones, en una dinámica más amplia orientada a minimizar el impacto de informaciones perjudiciales relacionadas con el entorno del Ejecutivo.