VOX ha logrado introducir la prioridad nacional en la Ley de Vivienda de Aragón, según ha señalado este miércoles la diputada Carmen Rouco, que ha denunciado «los ocho años de políticas socialistas de efecto llamada y de puertas abiertas que han desequilibrado un mercado tremendamente impactado por la inmigración masiva» y ha defendido «ordenar la adjudicación de unos recursos públicos escasos bajo el denominado principio de prioridad nacional».
VOX y el Partido Popular han presentado un total de 44 enmiendas conjuntas a la Ley de Vivienda. El objetivo es «dar un primer paso firme y decidido para empezar a corregir un desequilibrio que se ha acumulado durante muchos años y sentar las bases de una solución duradera al problema de la vivienda». «En el mercado de alquiler en España, la mitad de los inquilinos son de origen extranjero. Algo más de 10 millones de personas viven de alquiler en España, de las cuales 5,2 millones han nacido en el extranjero», ha aseverado.
Por tanto, ha abogado por «facilitar que haya más suelo disponible, que los procedimientos administrativos sean más ágiles, que se incremente el parque público y protegido, que el alquiler público sea realmente asequible y que exista mayor seguridad jurídica». «La eficacia de todas estas medidas comenzará a apreciarse a medio plazo: con más viviendas públicas efectivamente terminadas, mayor disponibilidad residencial, reducción de plazos administrativos, mejores condiciones de acceso y una prioridad nacional efectiva».
Rouco ha insistido en que las enmiendas «fijan la prioridad nacional, uno de los compromisos políticos más importantes que VOX ha incorporado al acuerdo de gobernabilidad con el PP». «El sistema debe garantizar que todos los españoles que cumplan los requisitos sean los primeros en la cola», ha añadido.
En esta línea, las enmiendas contemplan la creación de un Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda Pública de Aragón: «Permitirá comprobar, entre otras circunstancias, los ingresos, la composición familiar, la existencias de otras viviendas y las condiciones personales, laborales y sociales de los solicitantes».
Otro bloque de enmiendas está vinculado a la fiscalidad. La diputada de VOX ha valorado que «reconocen la necesidad de establecer una política fiscal que facilite la primera vivienda, la emancipación de los jóvenes, el acceso de las familias numerosas, la rehabilitación y la recuperación residencial del medio rural». En consecuencia, ha incidido en que «se contemplan actuaciones en el IRPF, ITP, AJD e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones«, en la línea de lo firmado en el Pacto de Gobierno. «Quiero señalar el compromiso de impulsar una fiscalidad diferenciada que favorezca la vivienda en los municipios rurales·», ha refrendado.
«Las enmiendas permitirán que determinados suelos puedan destinarse a vivienda protegida sin tener que afrontar necesariamente una modificación completa del planeamiento, siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas previstas y existan suficientes dotaciones para atender los usos terciarios necesarios», ha agregado.
Otra modificación es la «simplificación de los procedimientos de calificación de vivienda protegida mediante declaraciones responsables». «Esto permitirá agilizar la tramitación, sin eliminar las licencias urbanísticas que correspondan ni las facultades de comprobación de la administración. Y también intensificar «la lucha contra la okupación ilegal».
