El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), gobernado por el PSOE en coalición con Izquierda Unida-Podemos, ha cedido la Casa de Cultura municipal para una charla con dos investigados por la Audiencia Nacional por sus presuntos vínculos con Hezbolá y otras organizaciones terroristas. El acto, convocado por CGT Miranda y Comarca, está anunciado para este miércoles a las 19.00 horas.
Los participantes son Asier Herranz y Youssef Brahim, detenidos el pasado 16 de junio en Bilbao y Getxo. La convocatoria presenta su intervención bajo el título Solidaridad internacionalista y la represión al activismo por Palestina, según ha informado Libertad Digital y recoge la página del sindicato organizador.
Una investigación abierta en la Audiencia Nacional
Tras comparecer ante el juez José Luis Calama, ambos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
Según las informaciones sobre la investigación recogidas por Libertad Digital, los dos administraban el canal de Telegram Frontflict, señalado por la Policía por difundir propaganda de grupos armados palestinos y libaneses. El procedimiento sigue abierto y no existe una condena por estos hechos.
La celebración del encuentro en una instalación municipal ha provocado las críticas de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). La asociación cuestiona que el consistorio proporcione un espacio público para una actividad con dos personas sometidas a una investigación judicial de esta naturaleza. CGT, por su parte, presenta el caso como un ejemplo de represión del activismo propalestino.
La convocatoria reivindica a los dos ponentes
La página de CGT Burgos anuncia expresamente la participación de Herranz y Brahim y sitúa la charla en la Casa de Cultura de Miranda de Ebro. El sindicato articula la convocatoria en torno a la solidaridad con Palestina y al tratamiento que reciben quienes participan en ese activismo.
La controversia afecta así a la decisión de facilitar instalaciones municipales para el encuentro. Mientras los organizadores defienden a los ponentes y cuestionan el procedimiento seguido contra ellos, ACOM considera que el ayuntamiento está dando cobertura institucional a personas investigadas por presuntas conexiones con organizaciones terroristas. La intervención anunciada se celebrará mientras ambos continúan sujetos a las restricciones acordadas judicialmente.
