La Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE, creada como un mecanismo interno para combatir la corrupción en Ferraz, fue creada en 2018 por José Luis Ábalos, cuando todavía era secretario de Organización del partido. Este departamento adquiere especial relevancia en el marco de la posible imputación penal del PSOE, ante las irregularidades que la Guardia Civil ha destapado y que están bajo análisis del Tribunal Supremo.
Un documento interno fechado el 16 de mayo de 2018, apenas dos semanas antes de la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, confirma que Ábalos convocó a la Comisión Ejecutiva Federal para abordar la creación de esta oficina, que quedó bajo la responsabilidad de Ana María Fuentes Pacheco. Esta iniciativa respondía a la obligación legal impuesta en 2015 por el artículo 9 bis de la Ley de Partidos, que obliga a los partidos a contar con mecanismos para prevenir delitos internos.
El nombre de Fuentes Pacheco también aparece en el informe de la UCO, que recoge comunicaciones en 2022 donde se sugiere que ella habría mediado en la recaudación de un «impuesto» dentro del partido. En específico, Ana María Fuentes Pacheco asumió la jefatura de la oficina de cumplimiento en 2018, tras una carrera en el sector privado y cargos políticos en Andalucía, Ronda y el Congreso. En octubre de 2021, dejó el cargo para convertirse en gerente del PSOE, cargo en el que gestiona la administración y economía del partido, bajo la dirección de Santos Cerdán, sucesor de Ábalos.
El papel de la oficina de cumplimiento y la actuación de Fuentes Pacheco serán fundamentales para que el Tribunal Supremo determine si el PSOE actuó con la diligencia debida frente a las presuntas ilegalidades, lo que podría influir en la responsabilidad penal del partido. La existencia y funcionamiento adecuado de mecanismos de compliance pueden atenuar la responsabilidad legal de las personas jurídicas.
