La ONG Accem se ha convertido en la principal multinacional receptora de subvenciones para la gestión de inmigrantes ilegales, tras acumular cerca de 260 millones de euros en ayudas públicas desde el año 2020, una cifra que ha reavivado la polémica sobre el negocio que gira en torno a la acogida y atención de inmigrantes en España.
Según los registros oficiales de concesión de subvenciones, la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones ha recibido entre enero de 2020 y junio de 2025 un total de 259,8 millones de euros procedentes de distintos ministerios y organismos públicos. A esa cantidad se suman otros 6,17 millones concedidos entre julio y diciembre de 2025, lo que sitúa el volumen total por encima de los 266 millones en apenas cinco años y medio.
Buena parte de estos fondos se destinan a la gestión de centros de acogida, manutención, asistencia jurídica y programas de integración. Sin embargo, las cifras han provocado duras críticas desde sectores políticos y sociales que denuncian la existencia de una «industria de la inmigración» sostenida casi en exclusiva con dinero público. En ese contexto, se cuestiona también la cadena de contratos asociados, como los servicios de catering adjudicados a empresas públicas como Tragsa, que elevan todavía más el coste final del sistema de acogida.
Los detractores sostienen que este modelo ha convertido la atención humanitaria en un negocio altamente rentable para un reducido grupo de ONG y entidades colaboradoras, mientras el Estado asume prácticamente todo el riesgo financiero. «No se trata sólo de ayudas sociales, sino de un entramado de contratos, servicios y subcontratas que mueve cientos de millones de euros al año», señalan fuentes críticas con el actual modelo de gestión.
Desde Accem defienden que todas las subvenciones han sido concedidas mediante convocatorias públicas y se destinan íntegramente a programas de atención a personas vulnerables, bajo la supervisión de las administraciones competentes. El debate, sin embargo, sigue abierto: hasta qué punto la política migratoria española ha dado lugar a un sistema de financiación estable que, más allá de la ayuda humanitaria, ha creado un potente negocio sostenido con fondos públicos.
