Un antiguo empleado de la ONG vinculada a la Iglesia cuenta a LA GACETA cómo la organización abandonó sus principios para convertirse en una máquina de facturar que mantuviese un crecimiento económico como si de una empresa privada se tratase.
Trabajó en Accem desde finales de los 90 hasta la pandemia, cuando cansado de la forma de trabajar optó por pasarse a la empresa privada y ejercer el voluntariado a través de Cáritas de su parroquia. No quiere dar su nombre porque «allí tengo muchos amigos, gente bien intencionada que no entendería estas críticas».
Esta persona cuenta como cuando él entró no llegaban a los 100 trabajadores y no tenían a penas dinero y «todo fue creciendo muy rápido y así ha seguido después de mi salida». «Cuando yo me fui no llegábamos a 1.700 empleados y manejábamos cerca de 80 millones de euros, era más de 20 veces lo que había cuando yo llegué allí, pero ahora hay casi 4.000 empleados y más de 200 millones de dinero». También explica que la mayoría de ese dinero no va a ayudas, sino a pagar los sueldos y las sedes.
Cuenta como antes del confinamiento, la mayor preocupación de la dirección de Accem no era establecer protocolos que garantizasen la salud en los centros, era la de mantener la entrada de dinero para poder seguir manteniendo los salarios. Es verdad que pretendía disimular, pero «varios de los antiguos de Accem decidimos irnos de allí por lo que estábamos viendo».
También explica que desde hace quince años entró una obsesión en la dirección para que la mayoría del personal fuera femenino. Llegaron a fijarse el objetivo de que «había que llegar al 75% de mujeres» en plantilla. Una cuestión que, según afirma, se hizo más significativa desde la entrada de Enrique Barbero como director general.
Y no es de extrañar, ya que Barbero compatibiliza su cargo con el de vicepresidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad. Se trata de un puesto de designación y de confianza que decide la ministra de Igualdad. Un organismo que se dedica a ofrecer asesoramiento y asistencia a las víctimas de discriminación racial o étnica a través de teléfonos de información gratuita y de oficinas distribuidas por todo el territorio español. Todo ello con cargo al presupuesto público.
Accem no ha hecho pública su contabilidad de 2024 todavía. Pero si nos atenemos a lo publicado del año 2023, encontramos que las afirmaciones del ex trabajador no están muy desorientadas. Aquel ejercicio supuso que casi 80 millones de los fondos públicos obtenidos por la organización fueran al pago de salarios, un incremento notable sobre el año 2022 cuando este concepto alcanzó los 60 millones de euros.
Si tenemos en cuanta que en 2023 había 2.700 empleados en nómina (además de 800 voluntarios) y en 2024 los empleados en nómina se acercaban a los 3.100, el coste de los salarios estimado sería superior a los 90 millones de euros, es decir más del 40% de los ingresos obtenidos por Accem.
