Adif adjudicó el 27 de marzo de 2020 un contrato de 12,5 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, eje central del «caso Koldo», mientras permanecía suspendida la licitación para renovar la señalización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla e implantar el sistema ERTMS. La paralización del concurso ferroviario respondió al estado de alarma. Un año después, una segunda suspensión coincidió con la aprobación del rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros.
La coincidencia figura en los anuncios oficiales publicados en el Boletín Oficial del Estado. La empresa pública, presidida entonces por Isabel Pardo de Vera, adjudicó el suministro de cinco millones de mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión mediante un procedimiento negociado sin publicidad acelerado. El expediente recogía una única oferta recibida y un importe de 12,5 millones de euros. José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Transportes del que dependía Adif.
La compra acabaría integrada en la pieza de las mascarillas por la que el Tribunal Supremo condenó el pasado 22 de junio a Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. La sentencia recoge la adjudicación de Adif a Soluciones de Gestión entre las operaciones examinadas.
Mientras se tramitaba aquella adquisición, el primer concurso para modernizar la señalización del corredor Madrid-Sevilla había quedado afectado por la suspensión de los procedimientos administrativos establecida con el estado de alarma del 14 de marzo de 2020. Adif lo reconoció expresamente en un anuncio publicado el 19 de mayo, en el que comunicó la reanudación del procedimiento y fijó nuevas fechas: recepción de ofertas hasta el 12 de junio y apertura el 24 de julio.
La contratación ferroviaria sufrió después un problema adicional. El 24 de noviembre de 2020, Adif abandonó el primer concurso por una «infracción no subsanable». Sus aclaraciones a las empresas habían permitido presentar soluciones técnicas que contradecían los pliegos: estos exigían garantizar la convivencia del LZB con el nuevo ERTMS, mientras que las respuestas admitían prescindir del sistema antiguo conforme entrara en funcionamiento el europeo. El tribunal de contratación avaló posteriormente el desistimiento.
Adif convocó una nueva licitación, publicada en el BOE el 3 de diciembre de 2020, pero el procedimiento volvió a detenerse. El 24 de febrero de 2021, otro anuncio oficial comunicó la suspensión indefinida de la fecha de apertura de ofertas. Según una respuesta del Gobierno al Congreso, esa paralización obedeció a una medida cautelar del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Fue durante esa segunda suspensión cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra. El acuerdo del 9 de marzo de 2021 autorizó una ayuda de 53 millones de euros, canalizada a través del fondo gestionado por la SEPI: 34 millones mediante un préstamo participativo y otros 19 millones mediante un préstamo ordinario. La nueva fecha de apertura de las ofertas del ERTMS no se publicó hasta el 16 de abril y quedó fijada para el 2 de junio.
Las gestiones para obtener aquellas ayudas aéreas han sido examinadas posteriormente por la UDEF. Según la reconstrucción de sus informes publicada por RTVE, los responsables de Plus Ultra buscaron interlocución política mediante Ábalos, a través de Koldo, y mediante el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los documentos consultados acreditan el solapamiento temporal de esos expedientes, pero no establecen que esas gestiones provocaran las suspensiones ferroviarias.
El contrato definitivo del ERTMS terminó adjudicándose a Thales el 14 de septiembre de 2021, por 93,83 millones de euros, IVA incluido, y se formalizó el 13 de octubre, después de la salida de Ábalos del Ministerio. Contaba con un plazo de 52 meses. La planificación publicada por Adif sitúa las pruebas en 2026 y el expediente de puesta en servicio o entrada en funcionamiento en 2027.
