Los ciudadanos ceutíes estallan contra Pedro Sánchez. Tras casi un mes de vacaciones sin tomar medidas en defensa de la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno ha decretado que todos los recintos deportivos puedan ser utilizados para alojar a inmigrantes, según el borrador de Real Decreto difundido en las últimas horas. La posibilidad de perder durante meses algunas de las principales instalaciones deportivas ha disparado las críticas entre usuarios, clubes y federaciones, que reclaman al Ejecutivo instalaciones alternativas para gestionar la emergencia.
Entre los espacios contemplados aparecen el Complejo Deportivo Guillermo Molina, Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor y el Díaz-Flor. Su utilización para labores de acogida dejaría sin sus recintos habituales a numerosos equipos y usuarios y podría afectar tanto a entrenamientos como a competiciones oficiales. El temor es especialmente intenso ante la posibilidad de que algunos pabellones permanezcan fuera de servicio durante un periodo prolongado.
La Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) ha manifestado su oposición «rotunda» a la medida. La organización recuerda que el fútbol ceutí supera los 3.000 jugadores y jugadoras y que la inmensa mayoría son menores. Según denuncia, muchos llevan prácticamente un mes con su actividad deportiva y de ocio seriamente limitada debido a la situación extraordinaria que atraviesa la ciudad.
La Federación advierte además de que el problema no se limitaría al deporte base. El Guillermo Molina resulta esencial para los equipos ceutíes de fútbol sala que participan en categorías nacionales, tanto para preparar los encuentros como para disputar partidos oficiales. La Libertad también se utiliza en determinadas ocasiones para fútbol sala nacional y competiciones de cantera, por lo que la pérdida simultánea de varios pabellones dejaría a los clubes con escaso margen para encontrar alternativas.
A las críticas de la RFFCE se han sumado usuarios y parte de los monitores del Guillermo Molina, que alertan de un posible incremento de la tensión social. Defienden que los pabellones no constituyen instalaciones prescindibles y recuerdan que durante determinadas épocas del año son una de las pocas alternativas disponibles para practicar deporte cuando las condiciones meteorológicas dificultan hacerlo al aire libre.
«El deporte es salud física, salud mental, convivencia, prevención y calidad de vida», argumentan. A su juicio, después de semanas marcadas por la crisis, privar también a niños, jóvenes, adultos y mayores de estos espacios supondría trasladar nuevamente sobre la población residente las consecuencias de la gestión de la emergencia.
Los afectados sostienen que la atención a las personas inmigrantes debe garantizarse, pero consideran que esa obligación tiene que ser compatible con el mantenimiento de los servicios públicos destinados a los ceutíes. Por ello reclaman al Gobierno central que movilice medios extraordinarios y habilite instalaciones específicamente destinadas a la acogida, en lugar de recurrir progresivamente a colegios, pabellones deportivos y otros equipamientos utilizados habitualmente por los vecinos.
La RFFCE plantea incluso varios lugares que, en su opinión, deberían estudiarse antes de ocupar las instalaciones deportivas. Entre las posibles alternativas menciona la explanada del Parque de Artillería y el antiguo Hospital de la Cruz Roja, además de cualquier otro emplazamiento que reúna las condiciones necesarias para afrontar la situación.
Especial preocupación provoca la duración que podría alcanzar la medida. La Federación advierte de que una utilización prolongada podría hacer que determinados recintos no recuperasen plenamente su actividad deportiva hasta 2027, dependiendo además del estado en el que se encontraran una vez finalizado su uso extraordinario.
Desde el ámbito deportivo insisten también en las consecuencias para los menores. Los pabellones representan, señalan, mucho más que lugares donde entrenar: son espacios de socialización, disciplina, aprendizaje y convivencia. Después de varias semanas de restricciones, consideran que retirarles también sus instalaciones habituales agravaría el impacto físico, emocional y social que la crisis está teniendo sobre ellos.
Las protestas se producen mientras aumenta el malestar por las consecuencias que la situación está dejando sobre la vida cotidiana de Ceuta. Los críticos con la medida piden evitar que la respuesta a cada nueva necesidad pase por reducir los servicios disponibles para la población local y advierten del riesgo de alimentar una confrontación social que consideran evitable.
«Defender una atención digna a las personas inmigrantes y defender al mismo tiempo los derechos, servicios públicos, instalaciones deportivas y calidad de vida de los ceutíes no son objetivos incompatibles», sostienen los usuarios. El mensaje dirigido al Ejecutivo es que una situación excepcional requiere recursos igualmente excepcionales, pero sin hacer recaer sistemáticamente su coste sobre los espacios que utiliza diariamente la población de Ceuta.
