El Juzgado de Instrucción nº 5 ha admitido a trámite la querella presentada por VOX contra responsables de una constructora y el gerente del parque Sendaviva por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con diversas adjudicaciones de obra.
La resolución judicial también hace referencia al parlamentario socialista Ramón Alzórriz, aunque en su caso, debido a su condición de aforado, la magistrada ha remitido la documentación a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que determine si procede abrir una investigación.
En el origen del caso se encuentran las obras de reconstrucción del parque Sendaviva tras el incendio sufrido en 2022. Según la querella, los contratos para ejecutar estos trabajos —que suman cerca de 800.000 euros— se habrían dividido en varios encargos menores con el objetivo de evitar superar el umbral económico que obliga a convocar una mesa de contratación pública.
De acuerdo con este planteamiento, las adjudicaciones se fragmentaron en cuatro contratos otorgados a la empresa Adentro Construimos, con importes muy próximos al límite legal: dos de 199.999 euros, uno de 199.848 y otro de 190.000 euros. La suma total alcanzaría los 789.846,74 euros, todos ellos asignados de forma directa.
A raíz de estas sospechas, el juzgado ha solicitado a la Intervención General del Gobierno de Navarra informes detallados sobre dichos contratos. Además, ha acordado trasladar la documentación remitida por Parquenasa a la Cámara de Comptos para que evalúe si el fraccionamiento se ajusta o no a la legalidad. El avance del procedimiento dependerá de las conclusiones que se obtengan de estos análisis.
El escrito presentado por VOX añade otro elemento a la investigación: la posterior realización de obras en una vivienda vinculada a Alzórriz por parte de la misma empresa constructora. Según se recoge, el presupuesto declarado para esa reforma fue de 38.000 euros, una cifra que el partido considera incompatible con la envergadura de los trabajos ejecutados.
El caso, denunciado inicialmente el pasado verano, continúa ahora en fase de diligencias previas, a la espera de que los informes técnicos y contables permitan esclarecer si existieron irregularidades en la adjudicación de las obras públicas y en las actuaciones posteriores relacionadas.
