LA GACETA ha tenido acceso en exclusiva a documentación de Aena que revela un nuevo contrato millonario destinado a gestionar la llegada constante de inmigrantes ilegales al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles saca adelante un servicio integral por un valor estimado de 907.495,81 euros (sin IVA) para las salas de «rechazados» en frontera ubicadas en la Terminal 1 (Sala 3) y la Terminal 4 (T4S).
El contrato, cuyo presupuesto base para el primer año asciende a 302.498,60 euros (prorrogable dos años más), incluye limpieza general de las instalaciones, servicio de lavandería, atención social a los alojados, vigilancia de seguridad y suministros farmacéuticos. Se trata, en la práctica, de mantener operativas las dependencias donde se retiene temporalmente a quienes intentan entrar ilegalmente en España por vía aérea y son detectados en el control fronterizo. Muchos de ellos, una vez rechazados, presentan solicitudes de protección internacional en el mismo aeropuerto para evitar la expulsión inmediata.
Fuentes de Aena consultadas por este periódico confirman que estas salas siguen siendo un punto crítico de la inmigración ilegal que llega a Barajas. Aunque las cifras globales de solicitudes de asilo en España registraron un ligero descenso en 2025, el aeropuerto madrileño continúa concentrando un volumen significativo de intentos de entrada ilegal al país, especialmente desde rutas africanas y latinoamericanas. En muchos casos, los inmigrantes ilegales destruyen su documentación al aterrizar y solicitan asilo como estrategia para prolongar su estancia.
Este nuevo dispendio no es aislado. Ya en agosto de 2024, LA GACETA publicó la denuncia de la Confederación Española de Policía (CEP) sobre la saturación extrema de estas mismas salas. El sindicato alertaba de una media diaria de entre 140 y 170 inmigrantes, mayoritariamente mauritanos y senegaleses, con episodios de riesgo de motines, rotura masiva de pasaportes y situaciones de colapso que obligaron a los agentes a asumir tareas de reparto de comida y medicinas tras la retirada de Cruz Roja. Aquella crisis generó un coste adicional para las arcas públicas que superó los 620.000 euros sólo en alimentación, limpieza y mobiliario de emergencia.
El actual contrato de Aena vuelve a poner de manifiesto el coste recurrente que supone para el contribuyente la gestión de esta inmigración ilegal y masiva. El plazo para presentar ofertas finaliza el 29 de abril.
Mientras el Gobierno presume de «vías legales» y de una supuesta reducción en las llegadas por mar, el efecto llamada sigue manifestándose en Barajas, donde miles de inmigrantes ilegales intentan burlar los controles fronterizos cada año, generando un gasto público que no cesa. Limpieza, vigilancia, atención social y farmacia para quienes no tienen derecho a entrar en España se convierten en una rutina presupuestaria que recae directamente sobre los españoles.
Este nuevo expediente de Aena es sólo la última evidencia de un modelo que prioriza la atención a los llegados ilegalmente frente a una política de fronteras firme y disuasoria. Fuentes policiales consultadas reiteran que, sin medidas más contundentes en origen y en los controles aeroportuarios, estas salas seguirán siendo un sumidero constante de recursos públicos.
