Fuentes policiales calculan que unas 20.000 personas habrían entrado en Ceuta mientras la gendarmería marroquí permanecía «de brazos cruzados». El Gobierno sólo anunció el despliegue del Ejército después de que las fuerzas de seguridad quedaran desbordadas.
Ceuta afronta la peor crisis migratoria de los últimos cinco años después de que miles de inmigrantes cruzaran este jueves la frontera española a nado o a través del espigón del Tarajal. La llegada masiva se produjo sin oposición de las autoridades marroquíes y desbordó a los agentes españoles desplegados en la ciudad autónoma.
Las imágenes grabadas por vecinos recuerdan a la invasión de mayo de 2021, cuando Marruecos relajó los controles y permitió la entrada en España de unas 8.000 personas. Rabat respondió entonces a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de acoger en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Fuentes de la Guardia Civil advierten de que la situación actual es aún más grave. La crisis de 2021 fue una operación repentina y puntual, mientras que el episodio de este jueves constituye el desenlace de un fenómeno sobre el que los agentes llevaban tiempo alertando.
El denominado «goteo de nadadores» se había intensificado durante los últimos días hasta alcanzar alrededor de 1.000 entradas en una semana. Los agentes vinculan este aumento a la sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar el rechazo en frontera a quienes acceden a Ceuta nadando.
La gendarmería marroquí, «de brazos cruzados»
La llegada masiva no se explica sólo por la resolución judicial. Agentes desplegados en el espigón del Tarajal denuncian la «inacción total» de Marruecos durante las horas más críticas.
Mientras cientos de personas avanzaban hacia Ceuta y otras esperaban para cruzar, la gendarmería marroquí permanecía «de brazos cruzados», según las fuentes citadas. La falta de vigilancia también se produjo en la carretera que conduce al paso fronterizo, donde otros inmigrantes saltaron las vallas y se concentraron sobre los tejados de varios edificios.
Fuentes de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia relacionan la actitud de Rabat con la visita de Sánchez a Argelia para culminar la normalización de las relaciones bilaterales. Los vínculos entre ambos países se rompieron en 2022 después de que el Gobierno español respaldara las posiciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
En el reino alauita también habría causado malestar el apoyo del PSOE a una iniciativa de Sumar para conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 11 de agosto de 1977, aunque carezcan de residencia legal en España.
Interior califica de «ejemplar» la colaboración marroquí
Pese a las imágenes de una frontera desbordada, el Ministerio del Interior aseguró que la cooperación con Marruecos era «ejemplar, leal y permanente». El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska responsabilizó de la crisis a las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Interior sostiene que estas organizaciones habrían aprovechado la sentencia del Supremo para lanzar al mar a miles de jóvenes marroquíes y argelinos. Sin embargo, varios agentes señalan que, aunque la Marina Real había colaborado durante los días anteriores en algunas interceptaciones, la vigilancia marroquí en la costa había disminuido.
España y Marruecos han anunciado un acuerdo para agilizar la devolución de «todos» los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta. El Ejecutivo no ha detallado cómo pretende ejecutar esas expulsiones ni cómo sorteará las limitaciones establecidas por la reciente resolución judicial.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo estableció el pasado 8 de julio que el rechazo en frontera no puede aplicarse a quienes llegan nadando porque no atraviesan ningún elemento físico de contención, como sucede con las vallas terrestres. La sentencia deja abierta la posibilidad de revisar este criterio si se instalan barreras en el mar.
La Asociación Española de Guardias Civiles ha reclamado la colocación de balizas, redes y otros sistemas de señalización en las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla. Estas travesías se han cobrado la vida de 40 personas, diez de ellas este jueves, según informó EFE.
Treinta agentes y una embarcación averiada
El presidente de Ceuta, Juan José Vivas, había pedido desde el miércoles el cierre de la frontera y la declaración de la emergencia nacional. Interior rechazó ambas peticiones con el argumento de que la normativa de protección civil no contempla esta figura para los flujos de inmigración.
Marlaska afirmó que el Gobierno había reforzado los medios disponibles en Ceuta. Ese refuerzo se limitó en un primer momento a 30 guardias civiles y una embarcación que se averió dos días después, pese a que la ciudad se enfrentaba a la llegada de miles de personas.
El ministro anunció a última hora del viernes el despliegue del Ejército y el envío de más agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. La decisión llegó cuando los efectivos destinados en Ceuta ya se encontraban colapsados.
«Lo han ignorado y ahora las soluciones, como siempre, llegan tarde, cuando los medios policiales de la ciudad autónoma están colapsados», denuncian fuentes de la Guardia Civil. Tras la sentencia del Supremo, los agentes dejaron de efectuar devoluciones inmediatas por orden del Ministerio del Interior.
Sánchez y Marlaska se desplazarán a Ceuta para reunirse con Vivas y presentar las medidas con las que el Ejecutivo pretende devolver a quienes entraron ilegalmente.
El Gobierno evitó reformar las devoluciones
Expertos en extranjería y asociaciones de la Guardia Civil responsabilizan también al Gobierno de no haber adaptado la legislación antes de que estallara la crisis. El Ejecutivo reformó por decreto la ley de extranjería en marzo de 2025 para imponer el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida.
Las fuentes consideran que aquella reforma habría permitido incluir una referencia expresa a las entradas por mar dentro del régimen de rechazo en frontera. Sin embargo, el Gobierno evitó abrir el debate sobre las devoluciones inmediatas.
El Tribunal Constitucional avaló en 2020 el régimen especial de Ceuta y Melilla al desestimar un recurso de inconstitucionalidad. Ese mismo año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también respaldó la actuación de España en las devoluciones efectuadas en Melilla el 13 de agosto de 2014.
