Eduardo (nombre ficticio) se compró una casa en una calle de Logroño hace más de diez años. Desde entonces no ha podido vivir en ella. El edificio tiene varias de sus viviendas okupadas —la suya también lo estuvo durante varios días hasta que llegó a un acuerdo con los okupas para que la desalojaran— y la comunidad se ha convertido en el centro de operaciones de un clan gitano.
Como pasa en muchos otros casos con personas que son víctimas de la okupación, este propietario no se atreve a dar su nombre real, tampoco quiere que mencionemos en este artículo la calle en la que tiene su vivienda. «Me han amenazado, en todos estos años no he conseguido nada y no quiero empeorar las cosas», explica en una llamada telefónica.
Su testimonio refleja la angustia de los riojanos que, como él, son víctimas de una legislación que no les protege, y los datos evidencian una realidad que los diferentes gobiernos de la región —durante las últimas cuatro legislaturas el Partido Socialista y el Partido Popular se han sucedido en la presidencia de la comunidad— no han querido ver ni solucionar.
En 2021, el número de casos de ocupación ilegal que fueron trasladados a los juzgados riojanos creció un 37,5% en comparación con 2020, según el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), convirtiéndose así en la región española en la que más creció la okupación.
El problema continuó en 2022: en los primeros siete meses del año se pusieron 31 denuncias por okupación, tan sólo una menos que en el mismo periodo de 2021 —41 okupaciones denunciadas en todo el año— y casi el triple que en 2020 cuando se contabilizaron 14, según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.
Sobre el presente 2023 sólo existen datos del primer trimestre, y aún con sólo esos también se refleja este crecimiento: en los primeros tres meses de 2021 hubo 15 okupaciones, que fueron 12 en el mismo periodo de 2022 y 13 en el de 2023, lo que supone un aumento del 8,3 % entre enero y marzo del actual ejercicio respecto al del año anterior, según datos facilitados por el Ministerio del Interior.
Según estas cifras, el incremento de la okupación en La Rioja ha sido progresivo y constante durante los últimos años y notorio si se compara con años más lejanos: entre 2015 y 2018 sólo se denunciaron 3 o 4 casos.
Comunidades reconvertidas en supermercados de la droga
En la mayoría de ocasiones, y como también cuenta el propietario con el que ha hablado La Gaceta, quienes okupan la vivienda también terminan utilizándola para el trapicheo de drogas.
A principios del mes de mayo, en Lardero, la Guardia Civil detuvo a dos personas por tráfico de sustancias estupefacientes en el número 4 de la calle El Coso, un inmueble okupado con un amplio historial de conflictos vecinales de los okupas con los propietarios.
Y un mes antes, en Logroño, también tuvo lugar una operación antidroga: la Policía detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad, en una vivienda okupada en la plaza Martínez Flamarique.
Una ruina que paga el propietario
Además de la imposibilidad de acceder a la casa de la que se es propietario, existe un problema añadido que preocupa a los titulares de la vivienda: la responsabilidad civil. La mayoría de los seguros del hogar no cubren los daños materiales o personales que pueda provocar el okupa y son responsabilidad del propietario. «El estado del edificio es ruinoso, hemos tenido que pagar puntales para que no se caiga abajo. Si pasa cualquier desgracia es mi responsabilidad«, cuenta uno de los afectados.
Pese a que su casa ahora mismo está desokupada, este propietario sabe que es cuestión de tiempo que vuelvan a okuparla. De hecho, ha perdido toda esperanza de poder recuperarla: «Imagino que tendré que venderla por cuatro duros cuando quieran comprárnosla o terminarán derribándola», como precisamente ocurrirá en otro edificio okupado de la capital riojana.
El Ayuntamiento de Logroño ha dado orden, mediante Resolución de la Alcaldía, de ejecutar de forma subsidiaria la demolición del edificio declarado en ruina del número 18 de la avenida Doce Ligero. El inmueble, que estuvo okupado desde 2015, fue desalojado y clausurado en 2020 tras el desplome de una parte de la escalera.
El Ayuntamiento de Logroño (PSOE) declaró en mayo de 2022 el edificio en ruina económica y dio a los propietarios un plazo para iniciar los trabajos de demolición.
Transcurrido este plazo, y al no haberse cumplido la orden de ejecución dictada, será el Consistorio el que realice los trabajos, con el consiguiente cargo de los gastos a los propietarios del inmueble.
