Eduardo (nombre ficticio) se comprĆ³ una casa en una calle de LogroƱo hace mĆ”s de diez aƱos. Desde entonces no ha podido vivir en ella. El edificio tiene varias de sus viviendas okupadas —la suya tambiĆ©n lo estuvo durante varios dĆas hasta que llegĆ³ a un acuerdo con los okupas para que la desalojaran— y la comunidad se ha convertido en el centro de operaciones de un clan gitano.
Como pasa en muchos otros casos con personas que son vĆctimas de la okupaciĆ³n, este propietario no se atreve a dar su nombre real, tampoco quiere que mencionemos en este artĆculo la calle en la que tiene su vivienda. Ā«Me han amenazado, en todos estos aƱos no he conseguido nada y no quiero empeorar las cosasĀ», explica en una llamada telefĆ³nica.
Su testimonio refleja la angustia de los riojanos que, como Ć©l, son vĆctimas de una legislaciĆ³n que no les protege, y los datos evidencian una realidad que los diferentes gobiernos de la regiĆ³n —durante las Ćŗltimas cuatro legislaturas el Partido Socialista y el Partido Popular se han sucedido en la presidencia de la comunidad— no han querido ver ni solucionar.
En 2021, el nĆŗmero de casos de ocupaciĆ³n ilegal que fueron trasladados a los juzgados riojanos creciĆ³ un 37,5% en comparaciĆ³n con 2020, segĆŗn el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), convirtiĆ©ndose asĆ en la regiĆ³n espaƱola en la que mĆ”s creciĆ³ la okupaciĆ³n.
El problema continuĆ³ en 2022: en los primeros siete meses del aƱo se pusieron 31 denuncias por okupaciĆ³n, tan sĆ³lo una menos que en el mismo periodo de 2021 —41 okupaciones denunciadas en todo el aƱo— y casi el triple que en 2020 cuando se contabilizaron 14, segĆŗn datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.
Sobre el presente 2023 sĆ³lo existen datos del primer trimestre, y aĆŗn con sĆ³lo esos tambiĆ©n se refleja este crecimiento: en los primeros tres meses de 2021 hubo 15 okupaciones, que fueron 12 en el mismo periodo de 2022 y 13 en el de 2023, lo que supone un aumento del 8,3 % entre enero y marzo del actual ejercicio respecto al del aƱo anterior, segĆŗn datos facilitados por el Ministerio del Interior.
SegĆŗn estas cifras, el incremento de la okupaciĆ³n en La Rioja ha sido progresivo y constante durante los Ćŗltimos aƱos y notorio si se compara con aƱos mĆ”s lejanos: entre 2015 y 2018 sĆ³lo se denunciaron 3 o 4 casos.
Comunidades reconvertidas en supermercados de la droga
En la mayorĆa de ocasiones, y como tambiĆ©n cuenta el propietario con el que ha hablado La Gaceta, quienes okupan la vivienda tambiĆ©n terminan utilizĆ”ndola para el trapicheo de drogas.
A principios del mes de mayo, en Lardero, la Guardia Civil detuvo a dos personas por trĆ”fico de sustancias estupefacientes en el nĆŗmero 4 de la calle El Coso, un inmueble okupado con un amplio historial de conflictos vecinales de los okupas con los propietarios.
Y un mes antes, en LogroƱo, tambiĆ©n tuvo lugar una operaciĆ³n antidroga: la PolicĆa detuvo a tres personas, entre ellas un menor de edad, en una vivienda okupada en la plaza MartĆnez Flamarique.
Una ruina que paga el propietario
AdemĆ”s de la imposibilidad de acceder a la casa de la que se es propietario, existe un problema aƱadido que preocupa a los titulares de la vivienda: la responsabilidad civil. La mayorĆa de los seguros del hogar no cubren los daƱos materiales o personales que pueda provocar el okupa y son responsabilidad del propietario. Ā«El estado del edificio es ruinoso, hemos tenido que pagar puntales para que no se caiga abajo. Si pasa cualquier desgracia es mi responsabilidadĀ«, cuenta uno de los afectados.
Pese a que su casa ahora mismo estĆ” desokupada, este propietario sabe que es cuestiĆ³n de tiempo que vuelvan a okuparla. De hecho, ha perdido toda esperanza de poder recuperarla: Ā«Imagino que tendrĆ© que venderla por cuatro duros cuando quieran comprĆ”rnosla o terminarĆ”n derribĆ”ndolaĀ», como precisamente ocurrirĆ” en otro edificio okupado de la capital riojana.
El Ayuntamiento de LogroƱo ha dado orden, mediante ResoluciĆ³n de la AlcaldĆa, de ejecutar de forma subsidiaria la demoliciĆ³n del edificio declarado en ruina del nĆŗmero 18 de la avenida Doce Ligero. El inmueble, que estuvo okupado desde 2015, fue desalojado y clausurado en 2020 tras el desplome de una parte de la escalera.
El Ayuntamiento de LogroƱo (PSOE) declarĆ³ en mayo de 2022 el edificio en ruina econĆ³mica y dio a los propietarios un plazo para iniciar los trabajos de demoliciĆ³n.
Transcurrido este plazo, y al no haberse cumplido la orden de ejecuciĆ³n dictada, serĆ” el Consistorio el que realice los trabajos, con el consiguiente cargo de los gastos a los propietarios del inmueble.
