La nueva medida del Gobierno de obligar a almacenar el 12% de la producción de aceite de oliva a partir de hoy, con el objetivo de frenar la caída de los precios en origen, ha desatado una oleada de críticas entre los agricultores. La decisión, que se activa cuando los stocks y la cosecha prevista superan determinados umbrales, pretende retirar del mercado alrededor de 188.000 toneladas y sostener las cotizaciones. Sin embargo, el sector considera que llega en un momento en el que las importaciones de terceros países, especialmente del norte de África, están creciendo a un ritmo que, a su juicio, anula cualquier efecto de la intervención.
Los productores denuncian una contradicción flagrante: mientras se les obliga a dejar aceite almacenado y no comercializarlo libremente, la industria sigue comprando grandes volúmenes fuera de España. Según datos de aduanas, las importaciones procedentes de Marruecos se han disparado de forma espectacular en el último año. Entre enero y julio de 2026 entraron más de 22.600 toneladas, frente a menos de 400 toneladas en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento superior al 5.600%. Organizaciones agrarias hablan de cifras aún más altas en algunos tramos y califican el salto de «inasumible».
«No tiene ningún sentido que nos obliguen a guardar el aceite para que no baje el precio mientras se permite que entre producto de Marruecos y Túnez a precios mucho más bajos», afirma un portavoz de una de las principales organizaciones de olivareros. Recuerdan que España es el primer productor mundial y que la campaña actual es abundante, por lo que, a su juicio, la presión a la baja debería absorberse con el propio mercado interno y no con importaciones masivas. El aceite marroquí, al igual que el tunecino, entra en muchos casos a través del régimen de perfeccionamiento activo, lo que reduce o elimina aranceles cuando se destina a transformación y reexportación.
El malestar se centra en que la medida gubernamental sólo afecta a la producción nacional, mientras las compras exteriores quedan libres. Los agricultores argumentan que cada tonelada que llega de Marruecos o Túnez desplaza aceite español y contribuye a deprimir los precios en origen, justo lo que la intervención pretende evitar. Algunos apuntan que el volumen importado de ambos países en los primeros siete meses de 2026 ya supera las 92.000 toneladas, un aumento conjunto del 142% respecto al año anterior.
Desde el sector se pide coherencia: o se interviene también sobre las importaciones, o se deja funcionar el mercado sin retirar forzosamente producción. «Si el Gobierno quiere sostener el precio, que controle lo que entra de fuera. Si no, que no nos obligue a almacenar», resumen varios responsables de cooperativas. La medida, que es la primera de este tipo en el mercado del aceite de oliva, llega además en un contexto de precios ya más moderados tras las campañas de escasez de años anteriores.
Las organizaciones agrarias han anunciado que estudiarán acciones de protesta y que exigirán explicaciones al Ministerio de Agricultura. Consideran que la combinación de almacenamiento obligatorio y explosión de las importaciones de Marruecos deja al olivar español en una posición de desventaja y transmite un mensaje de falta de apoyo real al productor nacional. Mientras tanto, el aceite continúa entrando y el 12% de la cosecha española permanece almacenado.
