Víctor de Aldama ha vuelto a apuntar a José Luis Rodríguez Zapatero durante su declaración de este jueves en la Audiencia Nacional, al situar al expresidente del Gobierno entre las personas que, según su versión, habrían utilizado teléfonos desechables. El empresario compareció como investigado ante el juez Ismael Moreno en el marco del caso Koldo, una causa que analiza la adjudicación de contratos públicos de material sanitario durante la pandemia.
Según fuentes jurídicas, Aldama mencionó a Zapatero cuando fue preguntado por los dispositivos de usar y tirar que Rubén Villalba habría facilitado a distintos integrantes de la trama. No obstante, el comisionista matizó que no podía confirmar si los teléfonos que supuestamente llegaron al expresidente procedían directamente de esa estructura.
La declaración de Aldama vuelve a ampliar el radio político de la investigación. El empresario, expresidente del Zamora C.F., ya había aportado en anteriores comparecencias datos sobre contactos, pagos y gestiones vinculadas a la red investigada. En esta ocasión, además de citar a Zapatero, dirigió de nuevo sus acusaciones contra el ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres.
Aldama ha insistido ante el magistrado en sus señalamientos contra Torres, al que ya había acusado de haber reclamado dinero en relación con contratos de mascarillas. Sin embargo, respecto a Baleares, el empresario aseguró que no le consta que desde la Administración autonómica se pidieran o abonaran mordidas por las adjudicaciones investigadas.
El caso tiene su origen en los contratos de emergencia firmados durante la crisis sanitaria. En Canarias, el Servicio de Salud adjudicó a Soluciones de Gestión SL un contrato por 12,3 millones de euros para la compra de material sanitario. En Baleares, el contrato con la misma empresa ascendió a 3,7 millones. Ambos expedientes están bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Tanto Ángel Víctor Torres como Francina Armengol negaron ante el Tribunal Supremo, mediante informe escrito, haber dado instrucciones para contratar con Soluciones de Gestión. Sin embargo, los investigadores consideran relevantes las comunicaciones intervenidas a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, en las que aparecen conversaciones sobre la adquisición de material sanitario y la tramitación de pagos.
La UCO sostiene que Torres realizó gestiones a petición de Koldo para acelerar pagos vinculados a empresas relacionadas con la trama. En los mensajes analizados, los agentes aprecian especial interés en sacar adelante operaciones con compañías conectadas con Víctor de Aldama, pese a las advertencias formuladas por funcionarios de la Administración canaria.
Los contratos no se limitaron a las mascarillas. Los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares también suscribieron adjudicaciones de emergencia con otra empresa vinculada a Aldama para la adquisición de test Covid destinados al control de pasajeros en las islas. Canarias contrató con Eurofins Megalab por 5,4 millones de euros, mientras que Baleares firmó otro contrato que superó el millón.
El análisis de los dispositivos de Koldo García ha resultado clave para reconstruir esas gestiones. En ellos, la Guardia Civil localizó mensajes que muestran conversaciones con responsables políticos y referencias a pagos, adjudicaciones y trámites administrativos. Para los investigadores, la intermediación del exasesor de Ábalos habría sido determinante para conectar a las empresas de Aldama con distintas administraciones.
La nueva declaración del empresario introduce ahora otro elemento sensible: la supuesta utilización de teléfonos desechables por parte de figuras políticas de primer nivel, entre ellas Zapatero, según su testimonio. La cautela está en que el propio Aldama no ha podido acreditar si esos dispositivos procedían de la trama investigada o de otro canal.
El juez Ismael Moreno deberá valorar ahora el alcance de estas manifestaciones y su posible encaje dentro de la causa. La investigación continúa centrada en determinar si existió una red organizada para obtener contratos públicos durante la pandemia mediante intermediarios, contactos políticos y empresas favorecidas por adjudicaciones de emergencia.
