El empresario Víctor de Aldama, señalado como uno de los principales comisionistas de la trama del caso Koldo, ha entregado en la Audiencia Nacional el denominado “sobre” vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA, un material que, según sus propias declaraciones, apuntaría a una presunta financiación ilegal del PSOE.
La entrega se produjo de forma voluntaria ante el magistrado Ismael Moreno, dentro de una pieza separada que investiga posibles pagos en metálico en el seno del partido socialista. El contenido del sobre, considerado “documentación sensible”, ya había sido reclamado por la Fiscalía y el juez tras las afirmaciones del propio Aldama en sede judicial.
El origen de este material se remonta a la declaración del empresario el pasado 29 de enero, cuando aseguró disponer de pruebas sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE vinculada a operaciones con hidrocarburos. En ese momento, Aldama afirmó que el sobre le fue entregado por la dirigente venezolana Delcy Rodríguez.
Las pesquisas policiales ya habían detectado la existencia del documento a través de una imagen localizada en dispositivos intervenidos en la investigación. Sin embargo, hasta ahora no se había podido acceder físicamente a su contenido.
La Audiencia Nacional investiga si dentro del PSOE pudo operar un sistema de pagos en efectivo para eludir los controles del Tribunal de Cuentas y de la Agencia Tributaria. Bajo esta hipótesis, los fondos podrían haberse canalizado mediante justificantes de gastos, generando una estructura paralela de financiación.
El foco de la investigación se sitúa en la etapa en la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su entorno controlaban la Secretaría de Organización del partido, un periodo ya bajo escrutinio judicial en varias derivadas del caso Koldo.
Según ha sostenido Aldama, la documentación entregada estaría relacionada con operaciones de reparto de beneficios procedentes del petróleo venezolano, con posibles destinatarios en estructuras políticas vinculadas al PSOE y a la Internacional Socialista.
Estas afirmaciones se enmarcan en una investigación más amplia sobre fraude en el sector de los hidrocarburos, que supera los 200 millones de euros y en la que el empresario figura como pieza clave.
La causa permanece parcialmente bajo secreto, lo que limita el conocimiento público del contenido exacto del sobre. No obstante, fuentes próximas a la investigación consideran que el material aportado podría resultar determinante para orientar nuevas diligencias.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de que analizará la documentación y actuará en función de su relevancia penal.
