El presidente de la Comunidad de Galicia, Alfonso Rueda (PP), ha reivindicado desde Bruselas que su región se ha convertido en la que más cumple la Agenda 2030 al haber superado las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que la energía renovable ya supone el 84,8% del total de la generación eléctrica. Según ha defendido, Galicia no sólo cumple los compromisos medioambientales fijados por la Unión Europea para 2030, sino que lo hace con años de antelación, consolidándose como «un referente en la producción de energía limpia».
Durante su intervención en la 167ª sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, en la que lideró la delegación española, Rueda ha insistido en que regiones como Galicia deben tener un papel prioritario en la transición ecológica. Para ello, ha reclamado que Bruselas proporcione financiación ajustada a las circunstancias específicas de cada territorio y reconozca la contribución real de las regiones en el camino hacia la neutralidad climática y la autonomía energética.
Rueda también ha abordado los obstáculos actuales al desarrollo renovable en su comunidad, destacando el parón judicial que afecta a los nuevos parques eólicos. Ha mostrado su esperanza de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva próximamente el bloqueo, surgido a raíz de una cuestión prejudicial sobre los criterios de evaluación ambiental. Según ha dicho, desbloquear esta situación permitirá avanzar en el aprovechamiento del potencial eólico gallego.
Más allá de los datos, el líder autonómico ha subrayado que su Gobierno ya trabaja en un nuevo marco legal que garantizará que la mitad de la producción de los nuevos parques eólicos se destine a asegurar contratos energéticos a largo plazo con la industria. También ha mencionado que se facilitará la modernización de las instalaciones ya existentes para obtener más energía con menos aerogeneradores, lo que aumentará la eficiencia sin saturar el territorio.
Asimismo, ha puesto en valor la creación de la sociedad mixta Recursos de Galicia, a través de la cual se busca que los beneficios económicos de la explotación energética reviertan directamente en los municipios donde se instalan las infraestructuras.
