Antes del 1 de enero de 2026, unos 400.000 vehículos sin etiqueta medioambiental tendrán que abandonar Madrid o afrontar sanciones. El motivo es la implantación definitiva del plan Madrid 360, con el que el Ayuntamiento vetará la circulación de cualquier coche sin distintivo por todos los distritos de la capital, sin excepciones, ni siquiera para los empadronados.
La medida fue confirmada este martes en el pleno municipal, donde VOX propuso eliminar la última fase de Madrid 360. La iniciativa fue rechazada por todos los grupos. El Partido Popular justificó su negativa alegando que se trata de una exigencia impuesta por Bruselas, mientras que PSOE y Más Madrid defendieron el veto en nombre de la “sostenibilidad” y la “emergencia climática”.
La decisión deja fuera de juego a miles de familias madrileñas que no pueden cambiar de coche. Hasta ahora, las restricciones afectaban sólo al interior de la M-30, pero a partir del próximo año se extenderán a zonas con menor renta, como Vallecas, Usera o Villaverde. En estos barrios, donde el vehículo es una herramienta esencial para el trabajo o los desplazamientos, la nueva norma supondrá un golpe directo a la economía doméstica.
El plan no contempla ninguna excepción. Los vecinos con discapacidad que utilicen coches adaptados sin etiqueta deberán sustituirlos antes del 1 de enero si no quieren ser multados. Tampoco habrá margen para los negocios: los hosteleros no podrán recibir mercancías si la empresa de reparto no dispone de vehículos con distintivo, y los talleres no podrán atender coches sin etiqueta, aunque pertenezcan a clientes de toda la vida.
Desde hace años, la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) denuncia lo que considera una vulneración del artículo 14 de la Constitución, el que garantiza la igualdad ante la ley. La plataforma insiste en que las medidas del Ayuntamiento penalizan a quienes tienen menos recursos, ya que no pueden permitirse adquirir un vehículo nuevo o eléctrico.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha dado parcialmente la razón a AVARM al anular Madrid Central y la Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica por atentar contra derechos fundamentales. Sin embargo, el Ayuntamiento recurrió ante el Supremo y la asociación sigue a la espera de un fallo definitivo, aunque confiaba en que llegara antes de la entrada en vigor de la nueva fase de Madrid 360.
“Ya da hasta miedo sacar el coche del garaje”, lamenta Mariano Vallejo, portavoz de AVARM, a Vozpópuli. Explica que muchos madrileños tienen que pagar el impuesto de tracción mecánica incluso por coches que no usan, lo que empuja a muchas familias a deshacerse de ellos. “Pagas por tenerlo parado, y si lo usas te multan”, resume.
Por eso, la asociación ha convocado una manifestación para el próximo 22 de noviembre frente al Palacio de Cibeles, donde esperan reunir a miles de ciudadanos. AVARM advierte de que el veto no terminará con los coches sin etiqueta: «Mañana irán a por los B y los C».
Ante la falta de opciones, algunos madrileños han decidido trasladar sus coches a segundas residencias o venderlos a bajo precio a vecinos de otros municipios donde todavía pueden circular. Una solución forzada por una normativa que, bajo el pretexto de la “transición ecológica”, expulsa de Madrid a miles de trabajadores.
