Alsasua: el fiscal mantiene la acusación de terrorismo para los agresores

Enmarca la agresión a los agentes en delitos terroristas al relacionarlos con el movimiento Ospa (Fuera), que persigue la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra.

El fiscal ha manifestado en el juicio de los ocho acusados de agredir en 2016 en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y a sus parejas que reflejaron «lo peor de la naturaleza humana» que llevó en Europa «a las mayores atrocidades, la xenofobia, el racismo y el fascismo».
Así lo ha manifestado el fiscal José Perals en su informe durante la vista que se celebra en la Audiencia Nacional, en la que ha mantenido su acusación de delitos terroristas para los ocho jóvenes acusados de participar en la agresión, que tuvo lugar en un bar de Alsasua y por los que pide penas de entre 12 y 62 años de prisión.
«Es lo peor de la naturaleza humana y lo que desgraciadamente llevó a la Europa del siglo pasado a una de las mayores atrocidades y eso lo estamos viendo aquí en España en el siglo XXI, a gente que pide que otros se vayan de su pueblo; es la xenofobia, el racismo y el fascismo en estado puro tal como hemos visto en el juicio», ha agregado.
Y ha apostillado: «Esto es lo que defienden los supremacistas abertzales, un nacionalismo trasnochado que quiere la expulsión de unas personas porque hacen un trabajo que a ellos no les gusta y única y exclusivamente no quieren fuerzas de seguridad en su pueblo».
Ha añadido que en la vista «se ha probado que no fue una pelea de bar ni una trifulca sino una acción planificada para agredir a los guardias civiles con un fin terrorista de expulsarles de Alsasua y de Navarra».
«Refleja que aún persiste la herencia del terrorismo de baja intensidad» encargado por ETA y asumido por organizaciones juveniles de su entramado, «que es la prolongación del terrorismo vivido en el País Vasco, Navarra, resto de España e incluso Francia», ha lamentado.
El fiscal ha explicado que el ideario del entramado de ETA «caló en los jóvenes que son herederos de unas ideas políticas consistentes en que las mismas se pueden defender también con la violencia, y esto es lo grave de este caso». «¿Deciden ellos quién puede estar en su pueblo o que determinados políticos son fachas o determinadas personas son de un color que ellos no quieren?», se ha preguntado.
Por otra parte, el fiscal estima que los acusados buscaban también provocar miedo entre los vecinos a modo de «aviso para que hicieran el vacío a los guardias civiles y sus parejas».
Ha recordado cómo las mujeres agredidas declararon que «tenían mucho miedo a no poder reconocer que tenían un novio, a no poder pasear por el pueblo en el que querían vivir, a poder comprar el pan y a expresarse libremente».
«Esa es la parte visible del terror que ha imperado en el País Vasco y Navarra desde hace muchísimos años y que por lo visto sigue existiendo», ha advertido el fiscal.
José Perals ha racalcado que «ese miedo de la patria con mayúsculas es el que pretenden imponer los radicales abertzales con el apoyo de políticos melifluos pero también peligrosos, porque visitan a las familias de los acusados pero no a las de las víctimas».
Ha indicado que así se ha visto en este caso, con «el alcalde visitando a las familias de los acusados y no a las familias de las víctimas», usando en el juicio «el lenguaje del conflicto» y dejando que haya en su pueblo «pancartas de Alde Hemendik (Fuera de aquí)», el movimiento abertzale para pedir la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado.
«Y no queremos que vengan dentro de veinte años a pedir perdón porque entonces no valdrá, es ahora cuando se precisan hombres y mujeres de talla que den un paso adelante y estén con todas las personas que sufren», ha comentado el representante de la Fiscalía.
En este sentido ha dicho que las madres de los cuatro agredidos «sufren injustamente porque no saben por qué sus hijos han sido agredidos» cuando una de las mujeres además «llevaba viviendo toda la vida en el pueblo» y su miedo se convirtió en terror.
Para Perals, en el caso de Alsasua los «actos de hostigamiento» del movimiento Ospa (Fuera) que se creó en el municipio a partir de 2011 impulsado por dos de los acusados, Jokin Unamuno y Adur Ramírez, fueron «más allá» en 2016.
«Como no consiguen nada se golpea, se maltrata» y eso es lo que, ha defendido el fiscal, «distingue los actos políticos de lo que ha ocurrido en este caso: terrorismo».
Y el «miedo» que ya sentían las víctimas se convirtió en «terror», hasta el punto que la mujer del sargento, que sigue residiendo allí, no puede salir de su casa, lo que «recuerda al ostracismo de las víctimas el terrorismo de hace años».
En cuanto a las pruebas aportadas por las defensas, se ha referido al vídeo grabado después de la agresión, cuando ya se habían llevado en ambulancia al teniente, en el que aparece el sargento agredido.
Ese vídeo lo aportó un año después de los hechos uno de los acusados, Iñaki Abad, y hoy Perals lo ha puesto en duda. «Ya no digo que no haya sido manipulado, simplemente choca a la vista la blancura de esa camisa, es chocante que sea tan blanca, no es lógico que ese vídeo se haya aportado un año después» cuando la agresión fue grabada por otras personas, según relataron las víctimas y algún testigo, y no se han aportado esos vídeos.
Por ello, ha pedido a la sala que valore ese vídeo «con mucho cuidado y mucha precaución».