La Alternativa Sindical de Policia (ASP) ha enviado un comunicado este lunes en el que denuncia el desamparo globalizado, no sólo de los jueces, sino también de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, ante el desafío separatista.
«Reza el artículo 472 del Código Penal de la siguiente manera: Son reos, entre otros, del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
Así comienza el comunicado enviado este lunes por la ASP, que hace un repaso por la situación que vive España con motivo del desafío separatista y en el que denuncia, además, el desamparo del cuerpo policial por parte del Gobierno de la nación.
«La orden europea de detención y entrega, o euroorden, es una resolución judicial emitida por un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada o bien para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad. Sustituye a la tradicional extradición sobre la base de prescindir de la intervención de la autoridad política, permitiendo que la persecución internacional de los delitos tenga lugar directamente entre autoridades judiciales. El Gobierno de cada país intervendrá única y exclusivamente para prestar apoyo técnico, en especial para procurar la traducción de la Orden de Detención al idioma del país en el que deba ser ejecutada.
El artículo 117 CE, en su párrafo 3, dispone que el ejercicio de la potestad jurisdiccional «corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales» (no a los Jueces y Magistrados), mientras que, el artículo 118 CE habla de la obligación de cumplir las resoluciones firmes de los ‘Jueces y Tribunales'».
Los incumplimientos de Cataluña
A continuación, el comunicado de ASP hace un repaso por los desafíos legales del separatismo catalán:
«En reiteradas ocasiones el Gobierno Autónomo de Cataluña ha incumplido lo dispuesto en el artículo 118 de la Carta Magna; y así con fecha del día 01 de octubre de 2017, llevó a cabo la proclamación unilateral de la Independencia de Cataluña del resto del Estado Español; por tanto, todos sus miembros cometieron el delito de rebelión; mal que le pese a algunos llamar “presuntos delincuentes a políticos que vulneran el ordenamiento constitucional”.
El juez Pablo Llarena Conde, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no hizo sino cumplir con su mandato constitucional de llevar a cabo las actuaciones judiciales tendentes a esclarecer unos hechos que, tras las pruebas aportadas, constituyeron delito de rebelión, por lo que ordenó el ingreso en prisión de los políticos rebeldes y proclives a la confrontación con el resto de la sociedad española, con su declaración de independencia de España.
Algunos “cobardes” huyeron como ratas que huyen de barco que se hunde y buscaron amparo ante órganos judiciales “incompetentes” en materia que ocupa en la comisión del delito de extrema gravedad llevado a cabo por ellos.
Dichos tribunales, más proclives al amparo del delincuente que en defender los derechos y libertades, y el ordenamiento jurídico y constitucional de un Estado Europeo, se ve que no entienden el significado de “euroorden”; es decir puesta a disposición de los tribunales reclamantes del delincuente huido de la justicia de un país y que se refugia en otro país. Nadie les ha pedido la opinión a unos jueces de tres al cuarto, de patio de recreo, de un determinado territorio, para que juzguen un delito cometido allende sus fronteras. Ello pone de manifiesto que la Unión Europea hace agua por todos sitios y se anhela volver a ostentar la soberanía que merece el pueblo Español y el respeto debido a sus órganos constitucionales y del que todos nos dotamos allá por el año 1978, mediante la Carta Magna. “Quien la hace la paga”, ha de ser la máxima de toda actuación; con el debido respeto a los derechos fundamentales, evidentemente.
Esos mismos derechos que amparan a unos delincuentes, y ponen en tela de juicio la actuación de un profesional de la magistratura; a quien abandona hasta su propio gobierno, al no solicitar amparo del mismo, para que tenga que declarar antes unos jueces que no se merecen sino el menosprecio de la sociedad española en su conjunto.
Pero votos mandan para ostentar el poder ganado fuera del proceso lógico de la urnas; y por tanto hay que contentar a parlamentos que abogan por criminalizar a policías y guardias civiles y congratularse con independentistas, que no hacen sino adoctrinamiento de su ideología que, cuanto menos raya la ilegalidad, al estar presionando al conjunto de ciudadanos de un determinado territorio que no piensan como ellos; sometiéndolos a escarnios, a escraches y cuantas otras tantas aberraciones les permita un determinado gobierno, más proclive a romper las estructuras del estado español que a hacer cumplir las leyes y ejercer su mandato acorde a las normas legales de las que todos nos hemos dotado. (…) Nunca antes un poder ejecutivo ha defraudado tanto a una sociedad en su conjunto que aboga por la convivencia pacífica, por el cumplimiento de la ley, y el amparo ante los órganos judiciales; claro que en cierto modo es comprensible, si lo que se desea es incumplir sistemáticamente la palabra dada de convocar elecciones, de hacer más justa la sociedad española, a cambio de mantenerse un poquito más en el poder. Nunca antes las mieles del “triunfo” supieron a gloria cuando se hace abuso de un poder no legitimado por las urnas.
Todos, en cierto modo somos Pablo Llanera, porque todos en cierto modo estamos desamparados por el gobierno de España», concluye el comunicado de la ASP.
