Mandos de Extranjería alertan de que el número de inmigrantes en situación ilegal que residen actualmente en España podría acercarse a 1,5 millones, una estimación elaborada a partir de los datos de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno y de la evolución de los flujos migratorios registrada durante los últimos meses. Según sostienen fuentes policiales, la cifra de solicitudes presentadas supera ampliamente las previsiones iniciales y refleja un incremento muy superior al esperado de la población extranjera sin autorización de residencia.

De acuerdo con los cálculos realizados por especialistas de Extranjería, al menos 400.000 personas habrían presentado su solicitud para acogerse al proceso extraordinario sin reunir uno de los requisitos exigidos: acreditar que ya residían en España durante, al menos, cinco meses antes del inicio de 2026. Esa situación, afirman, estaría relacionada con el efecto llamada que la medida habría generado tanto en terceros países como entre ciudadanos que ya se encontraban en otros Estados de la Unión Europea.

Los mismos análisis sostienen que ese fenómeno no se habría limitado a quienes participaron en la regularización. Desde comienzos de año, la llegada de inmigrantes en situación irregular habría continuado a un ritmo elevado, hasta el punto de que otros 400.000 extranjeros habrían entrado en España sin autorización en apenas siete meses. Para los responsables policiales consultados, ese incremento responde a que la política migratoria española resulta especialmente atractiva frente a la de otros países europeos.

Entre los factores que, según estas fuentes, favorecen ese atractivo figuran la posibilidad de acceder a procesos de arraigo en plazos relativamente reducidos, la existencia de determinadas prestaciones públicas, la asistencia sanitaria y el reducido número de retornos efectivos a los países de origen. Todo ello, añaden, contribuye a consolidar un efecto llamada que trasciende el propio proceso de regularización extraordinaria.

Los expertos policiales recuerdan que, a comienzos de 2026, distintos estudios situaban en torno a 840.000 el número de inmigrantes irregulares presentes en España. En aquel momento, el Ejecutivo estimó que unas 500.000 personas podrían acogerse a la regularización. Sin embargo, una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, el volumen total alcanzó aproximadamente 1.170.000 expedientes, una diferencia que, según estas fuentes, obliga a revisar al alza las estimaciones sobre el número real de extranjeros en situación irregular.

Desde la Policía también señalan que no todos los inmigrantes sin documentación han participado en el proceso extraordinario. Entre las razones apuntan el desconocimiento de la medida, la falta de información, errores en la tramitación, el incumplimiento de los requisitos exigidos o la presentación fuera de plazo. Por ello consideran que el volumen de personas en situación ilegal sería todavía superior al reflejado por las solicitudes registradas.

Otra de las conclusiones de los especialistas de Extranjería es el cambio producido en las vías de entrada al país. Según explican, la llegada por vía aérea se ha consolidado como el principal mecanismo de acceso ilegal. Muchos extranjeros entran legalmente con visados de turismo o de corta duración y permanecen en España una vez expira el periodo autorizado de estancia.

Los informes manejados por los agentes indican que durante 2025 más de 1,5 millones de personas procedentes de Latinoamérica accedieron de forma irregular utilizando esta vía aérea, mientras que las entradas por mar y por tierra descendieron un 42%. Las mismas fuentes subrayan que las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior solo recogen estas dos últimas rutas, pese a que los aeropuertos concentrarían entre el 60% y el 65% de todas las llegadas irregulares.

La posible existencia de solicitudes fraudulentas ya había sido advertida meses atrás. Un informe elaborado en febrero por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras alertaba del impacto que la regularización estaba teniendo en redes sociales, foros de internet y canales de comunicación utilizados en terceros países y dentro de la propia Unión Europea para difundir información sobre el proceso.