España podría asumir en apenas un año hasta tres millones de inmigrantes en situación legal como consecuencia de la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y las posteriores reagrupaciones familiares. La estimación procede de altos mandos de Extranjería, que alertan de que el impacto real del proceso superará ampliamente el número inicial de solicitantes.

Las peticiones registradas rondan los 1,2 millones, una cifra que ya ha desbordado las previsiones iniciales del Ejecutivo, que calculó cerca de 500.000 potenciales beneficiarios cuando impulsó la medida. Los responsables policiales sostienen ahora que el siguiente desafío llegará con las solicitudes de reagrupación familiar.

«Por cada persona a la que se regularice su situación, se suman otras tres, como mínimo, si solicita y se concede una reagrupación», advierten fuentes de Extranjería. Sus cálculos sitúan así en torno a los tres millones el volumen de inmigrantes que podrían obtener una situación legal en España, contando a los beneficiarios del proceso y a sus familiares.

Los altos mandos consultados muestran además su malestar con el Gobierno por haber apartado, según denuncian, «deliberadamente» a la Policía Nacional del control de la tramitación de los expedientes para dejar el procedimiento en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz.

La intervención de las brigadas de Extranjería quedaría reducida fundamentalmente a funciones administrativas. «La Policía se limitará a documentar las tarjetas validadas por Migración», aseguran las mismas fuentes.

Los responsables policiales consideran que esta decisión debilita los mecanismos para comprobar la autenticidad de los documentos presentados por los solicitantes y puede dificultar la correcta verificación de cuestiones como los antecedentes penales.

El Ministerio del Interior sostiene, por su parte, que el procedimiento contempla la participación policial. «Se va a pedir un informe policial tal como indica el Real Decreto», señalan fuentes del departamento, sin ofrecer más detalles.

La cúpula de Extranjería cuestiona también la capacidad del Ministerio de Migraciones para asumir un procedimiento de estas dimensiones. Según los mandos consultados, su personal carece de la formación necesaria para afrontar las comprobaciones que exige el proceso.

«La voluntad del Gobierno es que entre todo el mundo», denuncian. Los responsables policiales temen que el volumen de expedientes y las posteriores reagrupaciones familiares terminen por desbordar la capacidad administrativa y los servicios públicos. «El sistema va a quebrar», advierten.

La Policía Nacional ya había calculado desde el inicio que las solicitudes se situarían entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de la previsión realizada inicialmente por el Ejecutivo. «Este proceso es algo que nadie en su sano juicio iniciaría. España somos una excepción, está claro», sostienen los altos mandos.

Extranjería alerta del riesgo de fraude en las reagrupaciones familiares

Uno de los principales temores de los responsables policiales es que las mafias y las redes dedicadas al fraude documental aprovechen las reagrupaciones familiares para introducir en España a personas que no cumplen los requisitos legales.

«Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados», explican.

Los agentes aseguran que este tipo de fraude ya existe y que actualmente se detectan casos en los que los solicitantes presentan incluso testigos para intentar acreditar vínculos familiares inexistentes. El aumento masivo de expedientes, advierten, podría dificultar los controles.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras alertó desde el comienzo de los riesgos del proceso impulsado por el Ejecutivo. Los responsables policiales lamentaron no haber recibido directrices suficientes para afrontar una reforma de esta magnitud y elaboraron un informe crítico con la regularización.

El documento, firmado por el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, Alfredo García Miravete, cuestionaba incluso la «urgencia social» utilizada por el Gobierno para justificar la medida.

«Dado que el presente proyecto toma como antecedente directo la iniciativa legislativa popular tomada en consideración por el Congreso, el 9 de abril de 2024, necesidad detectada hace casi dos años, no parece que se trate de una situación sobrevenida, ni que pueda justificar suficientemente la tramitación urgente», señalaba el informe.

La Policía ya advirtió del «efecto llamada» y la saturación de los servicios públicos

El dossier policial alertaba de que una regularización de esta magnitud podía provocar «efectos negativos significativos», entre ellos un nuevo «efecto llamada» para la inmigración ilegal, tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y de orden público y una creciente «desconfianza social» hacia la gestión de las fronteras.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras advertía también del impacto sobre la sanidad, la educación y los servicios sociales ante la llegada de un elevado número de nuevos usuarios en un periodo reducido.

«Existe el temor en amplias capas de la población de que una entrada masiva y rápida de nuevos inmigrantes aumente la carga sobre el sistema sanitario, educativo y los servicios sociales, los cuales podrían no tener la capacidad de absorción necesaria», recogía el documento.

El informe concluía que «la cifra de extranjeros y los plazos tan breves que prevé la norma para perfeccionar la regularización es inversamente proporcional a la capacidad de absorción del Estado español».

Las advertencias policiales se extienden también al control de los antecedentes penales. El procedimiento contempla que un solicitante que asegure haber pedido el certificado de antecedentes de su país y no haberlo recibido pueda continuar con la tramitación mientras la Administración trata de obtener el documento.

Durante el proceso, los agentes han detectado «multitud» de intentos de acceder fraudulentamente a la regularización. La situación llevó a Extranjería a emitir una alerta interna mediante un oficio para advertir sobre las irregularidades detectadas en los expedientes.