La querella interpuesta contra la hermana de Óscar Puente ha sido ampliada tras la incorporación de nuevos hechos relacionados con la aplicación de la conocida como Ley de Nietos. Entre las nuevas diligencias interesadas ante el juzgado figura la petición para que declaren como testigos los ministros Félix Bolaños, José Manuel Albares y Ángel Víctor Torres.

La ampliación del procedimiento se sustenta, entre otros aspectos, en la celebración de una reunión entre representantes del Gobierno y la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), celebrada pocos días antes de que se dictara la instrucción que desarrolló la Ley de Memoria Democrática. En ese encuentro participaron consejeros procedentes de países como Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Guatemala, Alemania y Reino Unido, además de un representante de Castilla y León.

Según la documentación incorporada al procedimiento, durante aquella reunión se trasladaron diversas propuestas al Ejecutivo que posteriormente habrían sido valoradas por el Ministerio de Justicia. La querella sostiene que parte de esas aportaciones acabaron reflejándose en la instrucción firmada por Sofía Puente, ampliando los supuestos en los que los descendientes de antiguos emigrantes españoles podían acceder a la nacionalidad.

Los hechos investigados se remontan a la etapa en la que Sofía Puente ocupaba la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. La querella le atribuye un presunto delito de prevaricación administrativa por la interpretación realizada de la Ley de Memoria Democrática de 2022, al considerar que la instrucción alteró el alcance previsto inicialmente para el acceso a la nacionalidad española.

El escrito también incorpora como nuevo elemento las advertencias realizadas por distintos consulados españoles sobre un supuesto uso fraudulento de la normativa para tramitar de forma masiva expedientes de nacionalidad. Según se expone, esas concesiones no solo implicaban la adquisición de la condición de ciudadano español, sino también la inscripción automática en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con el consiguiente reconocimiento del derecho de voto.

Con la ampliación de la querella, se solicita que el juzgado practique nuevas diligencias para esclarecer el proceso de elaboración de la instrucción y determine si las modificaciones introducidas respondieron exclusivamente a criterios técnicos o si estuvieron influidas por las peticiones formuladas durante aquellas reuniones mantenidas con representantes de comunidades españolas en el extranjero.