La Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE que aporte todas las donaciones recibidas por la formación entre 2017 y 2024 en el marco de la investigación abierta por una presunta financiación ilegal del partido. El juez Ismael Moreno pretende contrastar esos movimientos con la información fiscalizada por el Tribunal de Cuentas para determinar si determinadas aportaciones pudieron utilizarse para introducir dinero de origen ilícito en las cuentas socialistas, según informa El Mundo.
El magistrado ha requerido también al Tribunal de Cuentas la documentación relativa a las donaciones del PSOE durante ese mismo periodo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya estaría examinando tanto los datos entregados por Ferraz como los procedentes del organismo fiscalizador. La petición judicial al partido, según fuentes de la investigación citadas por el periódico, se produjo antes del verano.
En el centro de las pesquisas se encuentra el denominado «pitufeo», una supuesta fórmula mediante la que cantidades de dinero en efectivo habrían sido fragmentadas y presentadas como donaciones realizadas por distintas personas. El juez Moreno y la Fiscalía Anticorrupción investigan si este mecanismo pudo servir para ocultar comisiones abonadas presuntamente por constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Pedro Sánchez se refirió este miércoles a la investigación durante una entrevista en TVE. El presidente del Gobierno negó que el PSOE se haya financiado ilegalmente y confirmó que la Justicia había solicitado información sobre las donaciones recibidas por el partido. «Hemos dado toda esa información», aseguró Sánchez al defender la colaboración de Ferraz con los investigadores.
Una de las piezas fundamentales de la investigación es el testimonio del empresario Víctor de Aldama. En sus declaraciones judiciales, primero ante el Tribunal Supremo y posteriormente ante el juez Moreno, ha sostenido que empresarios vinculados al sector de la construcción entregaban dinero a cambio de contratos supuestamente amañados en el Ministerio de Transportes. Esas cantidades habrían terminado, según su versión, en manos de Koldo García y del entorno del entonces ministro José Luis Ábalos.
Aldama asegura que entre 2019 y 2020 entregó cerca de 1,8 millones de euros destinados a donaciones y ha explicado que Koldo García se encargaba presuntamente de distribuir las cantidades entre diferentes personas para efectuar las aportaciones. Se trata, por el momento, de la versión del empresario, cuya veracidad y alcance forman parte precisamente de las diligencias judiciales en curso.
El empresario ha mencionado en sus comparecencias a compañías como Levantina, Lantania y Azvi, a las que vincula con adjudicaciones presuntamente manipuladas. Según su relato, las comisiones pactadas habrían oscilado entre el 3% y el 5% del importe de determinados contratos. Aldama sostiene que parte de ese dinero terminó transformándose posteriormente en aportaciones aparentemente legales al PSOE.
Dentro de esta línea de investigación aparecen también los listados de adjudicaciones que Aldama entregó al Tribunal Supremo y que atribuyó a Koldo García. Según la información publicada, el Alto Tribunal verificó que las anotaciones habían sido realizadas por el antiguo asesor de Ábalos. Las posibles irregularidades relacionadas con esas adjudicaciones se investigan también en otro procedimiento en el que figura como investigado el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán.
La investigación sobre la presunta financiación irregular mantiene asimismo abierta otra vía relacionada con fondos procedentes de Venezuela. La Audiencia Nacional examina un supuesto contrato ficticio por valor de 15 millones de euros en el que aparecen una sociedad vinculada al empresario venezolano Francisco Flores y otra relacionada con Aldama.
En concreto, los investigadores analizan una primera operación de cinco millones de euros transferidos a través de Rusia que, según la hipótesis bajo investigación publicada por El Mundo, habría tenido como destino obtener fondos para el PSOE y la Internacional Socialista. Esta línea se encuentra todavía sometida a investigación judicial y no implica que los hechos hayan quedado acreditados.
El requerimiento de las donaciones de siete años completos permitirá ahora a la UCO cruzar las aportaciones registradas oficialmente por el PSOE con los testimonios, movimientos económicos y documentación incorporados a la causa. Los investigadores buscan comprobar si detrás de algunas de esas donaciones existió realmente el sistema de financiación opaca descrito por Aldama o si, como sostiene Pedro Sánchez, las cuentas del partido se ajustaron a la legalidad.
