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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El análisis de la tramposa subida del salario mínimo pactada por el Gobierno

El gobierno de Mariano Rajoy viene pregonando la salida de la crisis desde 2013. A la vista de la realidad, sin embargo, no son pocos los españoles que se preguntan en qué ha consistido dicha salida.


El pasado 26 de diciembre el gobierno de Mariano Rajoy anunció a bombo y platillo, por boca de su titular – indicio de la importancia que se le concede al anuncio – la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 736 euros mensuales. Un pacto acordado entre el gobierno, los sindicatos y la patronal lo ha hecho posible, permitiendo al gobierno sugerir la existencia de un cierto consenso social, algo de lo que está muy necesitado.
Dicho acuerdo concreta un aumento del 4% del SMI en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020, condicionado a que la economía crezca un 2.5% del PIB cada año y a que la afiliación a la Seguridad Social se incremente como mínimo en 450.000 personas cada año.

A la cola de Europa

Con dicho incremento, el gobierno popular mantiene a España a la cabeza del grupo de cola de la UE en lo que hace a salarios: por encima de Grecia, Portugal, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Magro resultado para tanta recuperación económica como se ha venido pregonando desde Moncloa y sus medios afines: seguimos estando a poco más del 50% del SMI del Reino Unido o Alemania e incluso del de Irlanda o Francia, y muy lejos del de Luxemburgo.
Las cifras del SMI nos sitúan claramente por debajo de la media europea, lo cual contrasta con la posición de España como nación en el seno de la UE. Pues, aunque somos la cuarta economía de la unión, son legión los estados cuyos salarios son superiores – no pocos, muy superiores – a los de España; la distancia en precios al consumo, semejante a la media europea, no se compadece con la de los salarios, mucho más bajos que dicha media, por lo que el poder adquisitivo de los españoles viene disminuyendo con celeridad en las últimas décadas.

Una farsa

Pero es que, además, el anuncio del gobierno es poco menos que una farsa.
Y lo es porque el aumento del SMI está condicionado a que la economía española, como se ha apuntado antes, crezca el 2.5% del PIB; la previsión del FMI y de la Comisión Europea estima que ese 2.5% será lo que pueda crecer la economía española en el mejor de los casos, pero el Banco de España está situando el crecimiento en un 2.4%, y el propio gobierno de Rajoy considera que no se alcanzará el 2.3 % debido a la crisis catalana.
Es decir, que el mismo gobierno condiciona la subida del SMI a una situación que sabe improbable. La falsedad adquiere caracteres grotescos cuando reparamos en que, de acuerdo a las previsiones de dicho gobierno para los dos años siguientes, 2019 y 2020, en ningún caso se llegará a ese crecimiento del 2.5% del PIB: el ejecutivo español ha calculado que el crecimiento puede llegar a un 2.1 % del PIB, todo lo más, con lo que carece de sentido pensar que nadie se va a ver beneficiado por estos acuerdos.
Quizá por eso los incrementos más destacados de entre los previstos (2019 y 2020, un 5 y 10% respectivamente) se han dejado para los ejercicios en los que el aumento del PIB en los términos requeridos se antoja casi imposible.

Y otra más

Por si todo esto fuese poco, la aprobación de esta subida depende de que el gobierno pueda incluir a tal efecto la correspondiente dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, no parece que tal cosa vaya a suceder, por lo menos a corto plazo. Las negociaciones que se están sosteniendo con las distintas fuerzas políticas – particularmente con el PNV – no auguran una aprobación de dichas partidas para el 2018, al menos durante la primera fase del ejercicio. Tampoco sería la primera vez que el gobierno tuviera que prolongar unos presupuestos, pero en este caso son muchas las partidas presupuestarias que están pendientes de dicha aprobación; algunas de ellas, de singular significación ideológica.

…seguimos con las trampas…

Lo ridículo de la medida se aprecia si tenemos en cuenta que la misma afectaría a un grupo de trabajadores enormemente reducido: a aquellos que, trabajando a tiempo completo, perciben menos de 736 euros mensuales. Quedan expresamente excluidos, por anterior decisión del gobierno, los trabajadores que tenían vinculados sus salarios al SMI a través de convenios. El total asciende al 2.7% de la población empleada.
Los trabajadores que cobran menos, es decir, aquellos que trabajan a tiempo parcial y cuyos salarios son inferiores al SMI no se ven afectados por la medida: suman casi seis veces más que los que van a ver incrementadas sus percepciones mensuales.

La realidad del fraude

Todo esto, sin embargo, tiene una importancia relativa por cuanto lo que hoy se produce es una generalización del fraude, un fraude que vuelve ingenua, en el mejor de los casos, la citada subida del SMI.
Pues por cicatera que esta sea, de nada sirve si los asalariados son contratados a tiempo parcial pero trabajan luego la jornada completa, algo tan generalizado que se calcula que el 50% de las horas extraordinarias que se trabajan cada mes no son remuneradas.
O cuando se obliga al trabajador a darse de alta como autónomo para ser contratado, de modo que el empleador evita las cotizaciones a la Seguridad Social, no hay convenios colectivos que protejan al contratado, las vacaciones no son pagadas, no recibe finiquito si es despedido (la empresa ni siquiera está obligada a notificárselo con anterioridad) y FOGASA no le cubre en caso de que la empresa fuese insolvente.
Esto no se limita, desde luego, a las rentas más bajas, pero impide que en su caso las subidas tengan efecto práctico alguno.

Empobreciendo a todo un país

En la última década, el SMI ha subido apenas un 5%, mientras el IPC ha doblado esa cifra. La pérdida de poder adquisitivo de los españoles ha sido vertiginosa: de acuerdo al INE, durante los años de la crisis, entre el 2008 y 2014 los salarios disminuyeron un 0,7% en términos netos, mientras que entre esos mismos años los precios han subido un 8,5%. Así que la pérdida de poder adquisitivo asciende hasta el 9,2%.
Solo el año 2016, pese a que el crecimiento del PIB se situó en un 3.3%, el salario medio bajó en términos absolutos un 0.8%, y el 2018 seguirá bajando con toda probabilidad; además, se han ensanchado las diferencias entre los salarios más altos y los más bajos, y ha aumentado hasta alcanzar el 30% el número de quienes se sitúan en la franja salarial más baja (los que cobran menos de 1.230 euros al mes). La tendencia general apunta a transferencias generalizadas de riqueza desde los sectores más desfavorecidos y medios a los más privilegiados: el 10% de la población que hace cuatro décadas poseía el 26% de la riqueza hoy es dueña del 48%.

La salida de la crisis

El gobierno de Mariano Rajoy viene pregonando la salida de la crisis desde 2013. A la vista de la realidad, sin embargo, no son pocos los españoles que se preguntan en qué ha consistido dicha salida.
A la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de los salarios más bajos, hay que sumar el consiguiente aumento de la desigualdad (en diez años ha aumentado el número de grandes fortunas en un 50% mientras hasta el 13% de los asalariados están considerados en riesgo de exclusión); de hecho, el peso de los salarios en el PIB menguó en un 3.4% durante los cuatro años anteriores a la proclamada salida de la crisis en ese 2013; entre tanto, el beneficio de las empresas en el reparto de la renta aumentaba durante ese mismo periodo, en un 2.4% del PIB.
Esa pérdida de poder adquisitivo ha sido más acentuada entre las rentas más bajas. Así, el 10% de la población con salarios más bajos, cobraba 655,07 euros mensuales en 2008. El año 2016, la cifra entre el mismo sector social había descendido a 633,39 euros. Un panorama desolador.

Una salida a costa de los salarios

Lo que el gobierno no quiere decir, y la oposición tampoco, es que la tan cacareada “recuperación” se ha hecho a costa de los salarios. Por tanto, a costa de un empobrecimiento generalizado.
Nuestro modelo se asienta, de forma cada vez más nítida, en una precariedad laboral en la que estamos instalados desde hace tiempo y de la que parece difícil salir. Esa precariedad es la que ha generado el incremento de la productividad que ha permitido el aumento de las exportaciones, al tiempo que disminuían las importaciones gracias al descenso del consumo.
La disminución de la ocupación remunerada con salarios más bajos – la destrucción de empleos de baja cualificación fue enorme –, contribuyó a dicho incremento de la productividad, ya que vino acompañada de una disminución de las retribuciones de los salarios medios, con lo que la media de los salarios subía; un ascenso que era puramente ficticio. De hecho, el descenso de los salarios fue más acusado entre aquellos que llevaban entre uno y veinte años en las empresas, a quienes no quedo otro remedio que trocar empobrecimiento por la relativa seguridad de sus empleos.
De modo que, como el aumento esencial de la productividad ha tenido lugar manteniendo los salarios o incluso rebajándolos resulta complicado, si no imposible, que la salida de la crisis beneficie a todos de un modo equitativo: en el momento en que los salarios se incrementen, se pone en riesgo la “recuperación”.
El mantenimiento de bajos salarios se ha convertido, pues, en algo estructural, exigido por nuestra estructura económica. Y esa estructura no se puede tocar mientras no se cuestione el papel de España en la división internacional del trabajo y nuestra incardinación en la Unión Europea. Mientras, digámoslo con claridad, no recuperemos una soberanía económica que nos permita afrontar con dignidad y autonomía nuestros propios retos.
Quizá esa sea la razón por la que ninguna fuerza política quiere cuestionar lo que está sucediendo en el mercado laboral español.
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